Las autoridades uruguayas han anunciado planes para construir una prisión para delincuentes transexuales, según se informó en Montevideo. Uruguay es el país con mayor tasa de encarcelamiento per cápita de Sudamérica, con cuatro de cada 1.000 habitantes entre rejas.
Uruguay tiene una tasa de encarcelamiento de 408 cada 100.000 habitantes, lo que lo sitúa en el primer lugar de Sudamérica y en el décimo del mundo, según la base de datos de sistemas penitenciarios World Prison Brief.Esta es una buena noticia para una población muy vulnerable que requiere una enorme atención, dijo el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit. Como parte de una nueva cárcel prevista para Montevideo, habrá un sector específico para la población trans, dijo a la AFP. Petit estimó que la nueva penitenciaría podría estar lista en menos de dos años.
Actualmente hay 14.965 personas privadas de libertad, de las cuales 13.855 son hombres y 1.110 mujeres. Entre la población reclusa hay 28 mujeres y nueve hombres trans, según la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.
El número de presos supera la capacidad disponible en las 26 unidades penitenciarias, con una densidad del 130% según el número de plazas disponibles.
La nueva cárcel para mujeres que se construirá próximamente en Punta de Rieles tiene una particularidad que nunca se tuvo en cuenta, que es la población trans, dijo el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza.
Si la persona trans ingresa al sistema tiene derecho a decidir si quiere ir a una cárcel de hombres o de mujeres, dijo durante una comparecencia parlamentaria esta semana.
Mendoza explicó que, actualmente, las mujeres trans son ubicadas en cárceles femeninas, pero la convivencia conlleva todo un proceso de adaptación. Hay que trabajar mucho, añadió.
Si el Estado reconoce a las mujeres trans y les otorga los documentos de identidad correspondientes, el sistema penitenciario debe darles una habitación en lugares femeninos, como corresponde, argumentó Mendoza.
Las leyes están muy avanzadas en Uruguay, pero la mentalidad y la infraestructura no están acordes. Estamos muy angustiados por ese tema, lamentó.