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Libertad de prensa amenazada en provincias argentinas
Quien pueda sentirse perjudicado por una publicación, ya tiene la legislación vigente para recurrir al Poder Judicial, dijo Adepa en un comunicado En medio de la polémica sobre quién decide qué es verdad y qué no, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó este viernes su profunda preocupación por la aprobación en la Cámara baja provincial de Salta de un proyecto de ley que establece penas (arresto y/o multas) para “quien difunda noticias falsas” dentro del espectro digital, se informó.
“Se ha dicho, y repetido, que no hay impunidad para el ejercicio de la libertad de prensa. Quien pueda sentirse perjudicado por una publicación, ya cuenta con la legislación vigente para recurrir a la Justicia”, señaló Adepa en un comunicado.
El artículo 50 del proyecto salteño impone sanciones de arresto de hasta veinticinco días o multas “a quienes crearen o difundieren noticias falsas, a sabiendas de su falsedad, dentro del espectro digital, con el propósito de infundir pánico, desprestigiar a personas o autoridades oficiales o generar desórdenes o tumultos.”
Las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos vagos y ambiguos, incluidas las “fake news”, son incompatibles con las normas internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión y no deben incluirse en ninguna legislación, insistió Adepa.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Kimel vs. Argentina, se encargó de enfatizar que el uso de sanciones penales en estos casos debe ser totalmente excepcional. En esa sentencia de 2008, la Corte IDH condenó a Argentina por su regulación del delito de calumnias e injurias y exigió que el castigo represivo de las expresiones sea absolutamente extraordinario. Un año después, los delitos de calumnias e injurias fueron despenalizados”, señaló también Adepa en un comunicado.
“Cualquier norma provincial que extienda las prohibiciones más allá de lo determinado por el Congreso de la Nación en 2009 va en contra de las obligaciones internacionales del Estado argentino y es, por lo tanto, inconstitucional”, agregó la organización.
Respecto de una reforma constitucional en marcha en la provincia de La Rioja, Adepa advirtió sobre “el riesgo de limitar la libertad de expresión y de prensa” porque puede terminar “estableciendo algún tipo de restricción” a esos derechos.
“La preocupación se agrava por las declaraciones del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien al inaugurar esta semana las sesiones de la Convención Constituyente de la provincia -cuyo mandato es aprobar una reforma a la carta magna riojana- se refirió a la regulación de la prensa independiente como uno de sus aspectos clave”, subrayó Adepa.
Al inaugurar la convención constituyente, Quintela pidió a los medios de comunicación que sean “conscientes de su papel en la formación de la opinión pública y en el debate constructivo, conociendo las graves consecuencias de transmitir mensajes tendenciosos, malintencionados o injuriosos, sembrando el odio y las noticias falsas”.
“Por eso, otro aspecto a debatir es la libertad de expresión y la gobernanza. Estamos lejos de la censura, pero debemos defender el respeto y la verdad y, en este sentido, creemos conveniente vincular la tarea periodística con la gobernanza”, argumentó el gobernador.
