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Prorrogan estado de excepción en Perú
La Tercera Toma de Lima entre el 19 y 28 de julio buscará nuevamente la renuncia de la presidenta Dina Boluarte Las autoridades peruanas prorrogaron por otros 30 días el estado de emergencia, ante las nuevas protestas que se realizarán entre el 19 y el 28 de julio para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas y la convocatoria a una asamblea constituyente, se informó en Lima.
El estado de emergencia se aplica a las principales carreteras del sur del país, explicó el primer ministro Alberto Otárola. Agregó que la decisión fue adoptada por el Consejo de Ministros, que se comprometió a respetar el derecho de manifestación. Sin embargo, el Ejecutivo remarcó que ésta no debe afectar a las personas ni a los bienes públicos y privados.
Según Otárola, el estado de emergencia se mantendrá en el Corredor Vial del Sur, que comprende las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa, así como en el Corredor Vial Interoceánico del Sur, que recorre la costa, sierra y desde la selva peruana hasta Brasil.
“La protesta social no debe afectar los bienes públicos ni a las personas. Este Gobierno salvaguardará la integridad de quienes marchan y de los millones de peruanos que no lo harán y quieren trabajar para celebrar la Patria”, dijo.
El propósito de esta medida es “garantizar la libre circulación” durante las celebraciones del aniversario de la independencia peruana, que tienen como fecha central el 28 de julio, y mantener “el derecho a la libre movilización, especialmente la próxima semana”, aseguró el primer ministro.
Sectores de oposición a la presidenta Dina Boluarte convocaron para el 19 de julio acciones de protesta como las ya realizadas en diciembre de 2022 y enero de 2023, pocas semanas después de la destitución y detención del ex presidente Pedro Castillo Terrones.
Las organizaciones que participan en la llamada Tercera Toma de Lima seguirán exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones generales anticipadas y la convocatoria de una asamblea constituyente, de la que debería salir una nueva Constitución, además de justicia para los civiles muertos durante las protestas contra el gobierno de Boluarte, ya que no se ha abierto ninguna causa penal, así como la liberación de Castillo.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la represión desde diciembre pasado ha dejado 50 muertos.
