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Gobierno uruguayo habla de “inexactitudes” en informe de la ONU sobre el agua
Expertos de la ONU destacaron el derecho humano al agua La Cancillería uruguaya emitió este jueves un comunicado en respuesta a un informe de la ONU sobre la crisis hídrica que atraviesa el país sudamericano. El gobierno “actuó de manera preventiva, el agua sigue siendo potable y garantizada a los sectores más vulnerables la compra del doble del promedio diario de agua consumida por persona en nuestro país”, reza el comunicado.
Esta semana, expertos de Naciones Unidas del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos emitieron un informe desde Ginebra instando a Uruguay a priorizar el uso del agua para consumo humano, al tiempo que expresaron su preocupación por las personas que no pueden permitirse comprar agua y por aquellas con discapacidad o movilidad reducida que no pueden acarrearla, lo que “crea un riesgo de privatización de facto del agua para consumo humano, obligando a la población a comprar agua”.
El gobierno uruguayo replicó que el informe de los expertos contenía “inexactitudes”.
“A la fecha, los valores establecidos en la excepcionalidad no se consideran alarmantes”, argumentó la Cancillería uruguaya al tiempo que agregó que ”para apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad, los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reciben un apoyo económico para la compra de 60 litros de agua por mes, equivalente a uno de cada tres habitantes“ del área metropolitana de Montevideo.
Las autoridades uruguayas también detallaron las estrategias que están llevando a cabo para ”prevenir la falla de la infraestructura hídrica y preservar la salud pública“. Entre los puntos mencionados está el de garantizar la continuidad del servicio sin realizar cortes de suministro y evitar la contaminación biológica.
También destacan que se mantiene el saneamiento de las 550.000 viviendas de la región metropolitana para que puedan evacuar las aguas residuales domésticas con el fin de evitar un ”escenario de enorme peligro sanitario y la propagación de enfermedades.“
Las autoridades sudamericanas también subrayaron que ”las redes de distribución se mantuvieron en continuo funcionamiento para combatir y proteger contra incendios y catástrofes urbanas“.
Los expertos de la ONU habían hablado de ”sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias del país“ y afirmaron que el Poder Ejecutivo ”ha recomendado reducir el consumo de agua en los hogares“ cuando ”estas restricciones no se aplican a los grandes consumidores“, al tiempo que instaron a Uruguay a ”priorizar el uso de agua dulce para consumo humano“. La carta está firmada por seis especialistas, entre ellos, el relator especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo, y la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, Damilola Olawuyi.
”La continua disminución de la calidad del agua debido al aumento de los niveles de salinidad en su composición es alarmante. Esta situación afecta significativamente a grupos vulnerables, como niños y adolescentes, mujeres embarazadas y personas que padecen enfermedades crónicas“, sostiene el informe.
Los entendidos también advirtieron que ”aunque los altos índices de salinidad se atribuyen a fallos en las infraestructuras hídricas, agravados por periodos anormalmente largos de estrés hídrico, el problema subyacente es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias del país“.
”Reconocemos los esfuerzos del gobierno para reducir los impuestos sobre el agua [embotellada]. Sin embargo, es necesario profundizar en las medidas para garantizar que todas las personas puedan acceder al agua necesaria para la vida“, añadieron.
El informe también destaca que el derecho humano al agua implica que ésta debe ser ”físicamente accesible, libre de contaminantes y gestionada de manera sostenible, respetando la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación“.
”Las empresas, incluidas las estatales, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todo momento, y los Estados tienen la obligación de garantizar la protección de este derecho garantizando el acceso universal al agua potable, incluso en situaciones de emergencia”, añade.
