El gobierno de Perú ha prorrogado por 60 días el estado de emergencia en la región de Puno, permitiendo así que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas mantenga el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en medio de las protestas antigubernamentales.
Puno, región meridional fronteriza con Bolivia, fue escenario de violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden durante las protestas antigubernamentales de principios de año. Las mismas protestas mantuvieron el bloqueo de carreteras y autopistas durante más tiempo.
La semana pasada, las organizaciones sociales de Puno convocaron un paro de 24 horas para reanudar las movilizaciones contra la presidenta Dina Boluarte, pero el acatamiento fue escaso.
El estado de emergencia se enmarca en el artículo 137 de la Constitución Política que establece la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.
Durante este periodo de emergencia, las Fuerzas Armadas tienen la tarea de proteger los bienes críticos de la Nación, con la intervención y apoyo de la Policía Nacional, así como la protección de instituciones públicas y privadas e instalaciones estratégicas relacionadas con la explotación o transporte de recursos naturales y carreteras que determine la Policía.
En una reciente asamblea de organizaciones sociales de Puno, también se acordó realizar en las próximas semanas una nueva marcha de protesta a Lima, similar a la de principios de año, que fue una de las últimas movilizaciones tras la destitución el 7 de diciembre del entonces presidente Pedro Castillo Terrones. Los disturbios provocaron la muerte de 77 personas.