Las autoridades colombianas anunciaron este lunes la suspensión unilateral del cese al fuego con la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocida como Estado Mayor Central (EMC-FARC), tras el reclutamiento y asesinato de cuatro niños de la comunidad indígena Murui, se informó en Bogotá.
Después de escuchar a los delegados de las comunidades y al Consejo Extraordinario de Seguridad -y debido a la grave violación al Derecho Internacional Humanitario por parte de esta organización al margen de la ley, sumado a otros hechos que generan incertidumbre y zozobra en la población-, el Gobierno tomó la decisión unilateral de suspender parcialmente los efectos del Decreto 2656 de 2022, dijo el gobierno del presidente Gustavo Petro en un comunicado.
La nota fechada el domingo menciona que el atroz asesinato de muchachos de entre 14 y 16 años en el departamento de Putumayo fue una bofetada a la paz por parte del grupo armado. Tras ello, los delegados del EMC-FARC fueron convocados a una reunión, pero no asistieron.
En consecuencia, se informa que se suspende el cese bilateral al fuego que actualmente existía con este grupo armado en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo y se reactivan las operaciones ofensivas, continúa el documento firmado por Petro. La decisión se hará efectiva en las próximas 72 horas, agregó.
El Gobierno colombiano reconoció, por otra parte, la efectividad del cese bilateral del fuego en otros territorios donde se puede verificar que se han evitado daños a la vida de sus habitantes y aseguró que acompañará a las comunidades que claman por la paz en sus territorios y que hará presencia de manera integral en todo el país.
Se invita al EMC-FARC a ratificar la participación de sus delegados en los mecanismos locales en los que aún esté vigente el cese al fuego, insistió el comunicado.
Según el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, los menores fueron reclutados a la fuerza en la zona rural de Leguízamo (Putumayo) por el Frente de Disidencia 1 Carolina Ramírez de las FARC y asesinados tras desertar.
Reclutar y asesinar a niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas no son precisamente gestos de buena voluntad para alcanzar la paz. Además de ser claras violaciones al Derecho Internacional Humanitario, lo que genera es rechazo social y desconfianza hacia los grupos armados que dicen tener intenciones de dialogar con el Gobierno de cara a un proceso de negociación, dijo Camargo.
Según datos de monitoreo de riesgo del Sistema Integral para la Paz, de enero a mayo de 2023 se han reportado 63 casos de reclutamiento de menores por parte de grupos como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y guerrilla del ELN.
Como parte de su política de paz total, el gobierno de Petro incluyó a las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC en un proceso de diálogo para poner fin al conflicto armado en el país. Lideradas por alias Iván Mordisco, estas disidencias cuentan con 3.200 integrantes y hacen presencia en al menos 16 departamentos de Colombia.
(Fuente: Xinhua)