Desde que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva volvió al poder el 1 de enero, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) aumentó en casi 90% las multas impuestas a infractores de normas ambientales, en comparación con el último año del gobierno de Jair Bolsonaro, se informó.
El organismo impuso 6.140 infracciones a personas físicas y jurídicas, lo que representa un total de R$1.591 millones en multas (US$322 millones), US$153 millones más que en los primeros cuatro meses de 2022, cuando se emitieron cerca de 3.950 sanciones. En 2021, se impusieron R$550 millones (US$112 millones) en multas, y en 2019, R$924 millones (US$186 millones).
La mayor sanción de este 2023 corresponde a R$15,5 millones (US$3,04 millones) a la empresa ferroviaria Rumo Malha Oest, del grupo Cosa, propiedad del empresario Rubens Ometto, uno de los más importantes financiadores de campañas electorales en 2022, según el diario O Globo.
La tala de árboles en la Amazonia brasileña alcanzó sus niveles más altos en los últimos quince años, sobre todo bajo el mandato de Bolsonaro, acusado de connivencia con grandes ganaderos y agricultores responsables de esta deforestación.
En los tres primeros años de gobierno de Bolsonaro se deforestaron unos 34.000 kilómetros cuadrados de selva, lo que provocó la condena unánime de la comunidad internacional, que optó por suspender la financiación del Fondo Amazonia, un mecanismo financiado especialmente por Noruega y Alemania.
Desde el regreso de Lula, Noruega anunció que este fondo volvía a estar operativo. También contará con financiación del Reino Unido, según informó el Primer Ministro Rishi Sunak a Lula a principios de mes en Londres, durante el viaje presidencial para asistir a la coronación de Carlos III.