Pese al informe de esta semana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condena la muerte de manifestantes, el Congreso unicameral de Perú decidió el viernes archivar el caso contra la presidenta Dina Boluarte y varios miembros de su gabinete, se informó en Lima.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano declaró inadmisibles las denuncias contra Boluarte y sus colaboradores por la muerte de manifestantes en enfrentamientos con las fuerzas del orden durante protestas antigubernamentales por 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.
La querella había sido presentada por la diputada de izquierdas Ruth Luque, que también señaló al ex Primer Ministro Pedro Angulo, al ex ministro del Interior César Cervantes, al ex ministro de Defensa (y actual Primer Ministro) Alberto Otárola, y al ex ministro de Justicia José Tello.
Luque consideró que todos ellos habían incurrido en violación de la Constitución, en referencia a sus atribuciones en las más altas esferas de decisión en materia de empleo de fuerzas policiales y militares.
”Consideramos que la conducta en la que habrían incurrido (...) viola claramente lo dispuesto en los artículos 44 y 118, párrafo 1 de la Constitución en relación con los artículos 1 y varios párrafos del artículo 2 de la Constitución, con especial atención a los derechos fundamentales a la vida y la integridad física y psicológica, señala el documento.
La subcomisión consideró inadmisible el caso porque no ha cumplido el criterio de 'referirse a hechos que constituyan una infracción de la Constitución y/o delitos de función previstos en la legislación penal'”.