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Gabinete de Seguridad de Brasil despide a militares implicados en asonada del 8 de enero

Cappelli dijo que seguía instrucciones del Presidente Lula

Las autoridades brasileñas han despedido a 28 militares y un civil por su conducta durante los disturbios del 8 de enero en Brasilia, anunció el jueves en un comunicado el ministro interino del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), Ricardo Cappelli.

Cappelli explicó que la medida forma parte del proceso de renovación del GSI determinado por el presidente Lula y dijo estar trabajando para concluir en el menor tiempo posible una investigación para conocer la participación de funcionarios públicos en los hechos del 8 de enero. La fecha límite para cerrar esta investigación es el 30 de mayo.

Entre los despedidos el miércoles se encuentran tres de los cuatro secretarios del GSI, además de tres generales, un contraalmirante, ocho coroneles, dos mayores y dos capitanes.

Cappelli fue nombrado jefe de la GSI el pasado 19 de abril, en sustitución del general Marco Edson Gonçalves Dias, quien dimitió tras la divulgación de un vídeo en el que se le ve junto a otros oficiales circulando entre los seguidores del ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro que irrumpieron en el Palacio de Planalto, dándoles botellas de agua y mostrándoles el camino.

Mientras tanto, el Supremo Tribunal Federal (STF) ha alcanzado la mayoría de votos (6 de 10) para procesar a más de 200 personas implicadas en los disturbios del 8 de enero. Al ponente del caso, Alexandre De Moraes, se unieron los magistrados Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Edson Fachin y Luis Roberto Barroso, informó la Agencia Brasil.

La semana pasada, en la primera votación sobre el caso, el STF aceptó los cargos contra unos 100 acusados. Según el STF, de las 1,4 mil personas detenidas el 8 de enero, 294 (86 mujeres y 208 hombres) siguen en el sistema carcelario del Distrito Federal.

También el jueves, De Moraes ordenó la liberación de 12 personas que fueron detenidas frente a cuarteles del Ejército en Rio Branco y Belém, que por lo tanto deberán ser juzgadas por tribunales federales locales y no por el STF. No obstante, los acusados deberán llevar una tobillera electrónica, comparecer semanalmente ante los tribunales y entregar sus pasaportes. También se les prohíbe el acceso a las redes sociales.