El Congreso peruano rechazó el martes, por 64 votos contra 37 y 10 abstenciones, la moción de destitución de la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral. Una reconsideración planteada inmediatamente después también fue rechazada por 67 votos contra 34 y, de nuevo, 10 abstenciones. A la vista de estos resultados, el Presidente del Congreso, José Williams, ordenó el archivo del caso.
Se necesitaba un mínimo de 52 votos de los 130 miembros del Congreso para poner en marcha el juicio político. Los resultados del martes eran de esperar, dijeron analistas políticos en Lima a los medios locales.
La oposición culpa a la presidenta de la muerte de más de 50 personas durante tres meses de enfrentamientos entre manifestantes y la policía tras la destitución de Pedro Castillo Terrones, que llevó al ascenso de la entonces vicepresidenta Boluarte el 7 de diciembre. Amnistía Internacional afirmó en febrero que había documentado indicios de uso excesivo y desproporcionado de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad de Perú para hacer frente a las protestas. Castillo había intentado disolver el Congreso y gobernar por decreto hasta que se redactara una nueva Constitución y se celebraran nuevas elecciones.
El del martes fue el primer intento de destituir a Boluarte, que debe completar el actual mandato gubernamental hasta julio de 2026 pero está siendo investigada por la fiscalía por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por las muertes en las protestas.
A partir de las declaraciones del empresario Henry Shimabukuro, la fiscalía también ha abierto una investigación a Boluarte por los presuntos delitos de financiación prohibida de organizaciones políticas y lavado de activos, relacionados con los aportes en la campaña de 2021 que llevaron a Castillo y a ella a sus cargos.
La moción de destitución de Boluarte había sido presentada el jueves por el congresista Hamlet Echevarría, del izquierdista Cambio Democrático-Juntos por el Perú.
Boluarte ha rechazado las acusaciones y las ha considerado una oscura maniobra política que pretende manchar el gobierno constitucional, la democracia y la institucionalidad, con declaraciones y sin pruebas. El abogado de Boluarte, Joseph Campos, declaró este martes a Canal N que las casi 60 muertes producidas durante las protestas no pueden ser establecidas como genocidio, aunque remarcó que estos casos merecen investigación, sanción y reparación. Castillo se encuentra en prisión preventiva por 36 meses debido a sus actos del 7 de diciembre.
Que los presidentes peruanos no terminen sus mandatos es algo no infrecuente desde la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 minutos antes de una votación de destitución. Además de Castillo, Martín Vizcarra también fue destituido, en noviembre de 2020.