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Compañía eléctrica argentina, intervenida durante 180 días
Edesur era deficitaria en el servicio y seguía adelante con sus planes de venta, explicó Massa Tras los aparentemente interminables cortes de luz en el área de Buenos Aires, el Ministro de Economía, Sergio Massa, ordenó la intervención de la empresa suministradora Edesur y nombró a Jorge Ferraresi nuevo interventor de la compañía por un periodo de 180 días.
Ferraresi es el actual intendente de Avellaneda desde 2009. Tomó licencia sin goce de sueldo para ser ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat entre el 19 de noviembre de 2020 y el 1 de noviembre de 2022.
“Situaciones como las que han tenido que vivir miles de argentinos en los últimos 15 días no se pueden tolerar más”, dijo Massa. “La semana pasada se presentó una denuncia penal por abandono de persona y administración fraudulenta y se prohibió la salida del país de los ejecutivos que dirigen la empresa”, agregó.
Massa explicó que “esta intervención tendrá la tarea de supervisar, controlar y fiscalizar la ejecución de las obras del servicio.” También reembolsará a los clientes por los servicios no prestados.
El ministro señaló asimismo que “no se afecta la propiedad de los accionistas, ni se afecta el contrato de concesión”, sino que se realizará el control de la efectiva prestación del contrato del servicio público básico. Massa también dijo que en breve se anunciarán otras medidas.
La intervención no influirá en cuestiones operativas ni afectará a los activos de la empresa. Los informes parciales mencionaron fallos operativos y el bajo nivel de inversión de la empresa, “una situación crónica agravada en los últimos tiempos desde la comunicación de la venta del paquete accionarial por parte de su empresa controladora Enel”.
“No se puede justificar que haya tanta gente sin luz, tantos días seguidos mientras la empresa sigue adelante con la venta”, argumentó Massa.
Fuentes del Ministerio de Economía citadas por medios locales insistieron en que Edesur era una empresa en venta que se había vuelto deficitaria en el servicio. De ahí la necesidad de que el Estado intervenga para garantizar los derechos de los consumidores.
