MercoPress. South Atlantic News Agency
Dinamarca, el país menos corrupto del mundo; Uruguay, en América
”La omnipresencia de la corrupción en las Américas fomenta muchas otras crisis”, explicó Ferreira Rubio Dinamarca obtuvo 90 puntos sobre 100, para encabezar el Índice de Transparency International como país menos corrupto del mundo, seguida de Finlandia y Nueva Zelanda (87 puntos cada una). En el otro extremo de la tabla se situaron Somalia, Siria y Sudán del Sur. Uruguay fue el país latinoamericano con mejores calificaciones.
No salieron mucho mejor parados Venezuela (14 puntos), Haití (17), Nicaragua (19) y Honduras (23), las puntuaciones más bajas de América Latina. Por el contrario, Uruguay (74) y Chile (67) fueron los mejor valorados de la región, seguidos de Costa Rica (54), aunque los resultados de este país se vieron empañados por los recientes casos de corrupción y las acusaciones de financiación ilícita de la campaña del actual Presidente Rodrigo Chaves.
El resto de los países latinoamericanos tienen puntuaciones por debajo de 50, como Cuba (45), Colombia (39), Argentina, Brasil (38), Ecuador, Panamá, Perú (36), El Salvador, República Dominicana (33), Bolivia, México (31) y Paraguay (28).
Los datos globales revelan un estancamiento en la lucha contra la corrupción y ponen de relieve su vínculo con la violencia. “Corrupción y conflicto se retroalimentan y amenazan la paz duradera”, destaca el informe. El fenómeno es especialmente visible en América Latina, donde las líneas entre las instituciones públicas y las redes criminales se han difuminado.
La falta de avances en la lucha contra la corrupción “se ha traducido en la región en un debilitamiento de las instituciones democráticas y en un aumento de la violencia y del avance del crimen organizado en las instituciones públicas”, dijo a AFP Luciana Torchuaro, asesora regional de TI para América Latina. TI también subrayó el caso de Perú, con seis cambios de gobierno en seis años y cinco ex presidentes investigados por corrupción, entre ellos Pedro Castillo.
En otros países, los organismos públicos han sido cooptados por “las élites y el crimen organizado” y las fuerzas del orden ignoran actividades ilegales o abusos contra los derechos humanos a cambio de dinero.
En Venezuela, que tiene la peor puntuación de América Latina, los grupos criminales mantienen sus actividades en el sector minero a cambio de pagos irregulares a los militares, dijo TI. Las actividades económicas ilegales representaron el 21% de su PIB en 2021.
El informe también menciona a Guatemala (24) y Honduras, donde “hay evidencias que sugieren” la influencia del crimen organizado en la política. En Guatemala, esta situación afecta a periodistas, activistas y fiscales, algunos de los cuales se han visto obligados a exiliarse.
La ONG también vio con malos ojos que Honduras, El Salvador y Ecuador hayan declarado estados de excepción, una medida que reduce “la transparencia y la rendición de cuentas”. También Perú ha hecho una declaración de este tipo en las últimas semanas.
En Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) fue condenada por corrupción en un caso de obras públicas y los jueces de la Corte Suprema se enfrentan a un posible juicio político.
La abogada argentina Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, se mostró crítica con la situación de América Latina en materia de transparencia: “El estancamiento y retroceso de la lucha contra la corrupción en la región coincide con un marcado deterioro de las instituciones democráticas, el ataque a la independencia de los jueces y el cuestionamiento a la prensa y especialmente al periodismo de investigación. La impunidad de los corruptos no hace sino aumentar la inestabilidad política y la falta de confianza de los ciudadanos que acaban tolerando la corrupción como si sus propios derechos y libertades no estuvieran en juego. América Latina -con la excepción de Uruguay, Chile y Costa Rica- está inmersa en este círculo vicioso. Es esencial invertir la trayectoria”.
“La omnipresencia de la corrupción en las Américas alienta muchas otras crisis que atraviesa la región. Los gobiernos frágiles no logran frenar las redes criminales, los conflictos sociales y la violencia, y algunos exacerban las amenazas a los derechos humanos al concentrar el poder bajo el pretexto de responder a la inseguridad. El único camino viable es que los líderes den prioridad a las medidas anticorrupción para erradicar la corrupción y permitir que los gobiernos cumplan su función principal, que es proteger a las personas”, añadió.
El Índice de Percepción de la Corrupción mide cada año la percepción de la corrupción de empresarios y expertos, aunque sólo en relación con la conducta del sector público, es decir, en la esfera política y administrativa. Se calcula utilizando 13 fuentes externas, entre ellas el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas especializadas en análisis de riesgos, consultoras y comités de expertos. Las puntuaciones reflejan las opiniones de especialistas y empresarios sobre cómo perciben la corrupción en el Estado.
Para ser incluido en el índice, un país o territorio debe haber sido evaluado por un mínimo de tres fuentes. La puntuación de cada país se determina calculando la media de todas las puntuaciones estandarizadas disponibles para ese país, redondeada a un número entero.
