Las autoridades peruanas decretaron el toque de queda en la región de Puno tras las protestas antigubernamentales que dejaron 18 muertos el lunes, anunció el martes el primer ministro Alberto Otárola.
”Hemos aprobado en Consejo de Ministros un decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria (toque de queda) en Puno por el término de tres días desde las 8:00 pm hasta las 4:00 am. Esto es para salvaguardar la vida, integridad y libertad de todos los ciudadanos de Puno, dijo Otárola ante el pleno del Congreso durante su comparecencia para buscar el respaldo parlamentario a su nombramiento.
Otálora también explicó que se había declarado duelo nacional laborable para el miércoles por respeto a los caídos en las protestas, que han dejado hasta el momento 47 muertos en poco más de un mes desde que la vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder tras la destitución de Pedro Castillo Terrones.
Una misión gubernamental se encuentra actualmente en Puno para evaluar la crisis y también para llevar insumos médicos y equipos quirúrgicos que no pudieron ser entregados a los centros asistenciales debido a las protestas, explicó Otálora al tiempo que subrayó el carácter humanitario del viaje. La Superintendencia de Transporte Terrestre informó de bloqueos y tráfico interrumpido por piquetes de huelga en seis regiones: Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas. En Cusco y Ayacucho hubo marchas exigiendo la renuncia de Boluarte, nuevas elecciones y una Asamblea Constituyente.
Desde el 7 de diciembre, 39 manifestantes murieron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, otros 7 fallecieron en incidentes relacionados con los disturbios, y un policía fue quemado vivo esta semana en Puno. Otálora habló del fantasma de la violencia irracional.
Mientras tanto, la fiscalía peruana abrió el martes una investigación a la presidenta Boluarte por el presunto delito de genocidio, después de que la lista de víctimas mortales siguiera creciendo.
El Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros [primer ministro], Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; el ministro de Defensa, Jorge Chávez, según una publicación en Twitter.
Los funcionarios son sospechosos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones antigubernamentales en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
La violencia está alcanzando niveles realmente insospechados. La Defensoría del Pueblo señala que esta crisis y este conflicto político no se resolverá con la participación de las Fuerzas Armadas ni de la Policía”, dijo a la AFP la defensora del Pueblo, Eliana Revollar.
En este escenario, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene previsto llegar a Lima el miércoles.