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El jefe de los servicios de inteligencia argentinos denuncia a periodistas
Rossi recordó que la Ley de Inteligencia argentina “protege con secreto todas las acciones, funciones, hombres y mujeres que integran la AFI.” El ex Ministro de Defensa de Argentina y actual Jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, ha denunciado a periodistas y a los medios que los emplean por violación de la Ley de Inteligencia.
Rossi presentó una denuncia penal contra los columnistas Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro, así como contra los diarios Clarín y La Nación, por la supuesta violación de la Ley de Inteligencia. También insistió en que hubo una supuesta “operación de prensa” impulsada por legisladores de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) sobre una supuesta “mesa militar” destinada a realizar escuchas ilegales.
“Los legisladores, en lugar de analizar el pedido de informes y utilizarlo para su actividad parlamentaria y para jerarquizar lo que significa la producción de inteligencia en la Argentina, se lo dieron a los periodistas para que hagan una operación de prensa para que la AFI aparezca como titular en los dos diarios más importantes del país”, argumentó
Rossi en relación a un pedido de informes presentado por legisladores de JxC ante la Comisión Bicameral de Inteligencia para que se investigue a la AFI por las escuchas ilegales que involucran al ex jefe del Estado Mayor del Ejército, César Milani.
Rossi sostuvo que Morales Solá, en su artículo publicado en La Nación el 3 de enero, y Santoro, en su nota publicada en Clarín el 1 de enero, utilizan “frases textuales extraídas de la respuesta” que la AFI brindó a la Comisión Bicameral, documento clasificado como “secreto”.
En ese contexto, Rossi recordó que la Ley de Inteligencia argentina “protege con secreto todas las acciones, funciones, hombres y mujeres que integran la AFI.”
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió “enérgicamente” el accionar de Rossi, señalando que “la utilización del sistema penal como forma de persecución a los medios de comunicación por la difusión de información estatal no es concebible en un sistema democrático”.
El rechazo de ADEPA se basa en la protección de la libertad de expresión que otorga la Constitución. La organización insistió en que la persecución de periodistas y medios era inconcebible ante “la posible comisión de delitos por parte de las fuerzas de seguridad”, ya que los redactores trabajaban amparados por la libertad de expresión “consagrada en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional”.
“La amenaza penal constituye un fuerte incentivo a la autocensura y, por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado constantemente su utilización”, señaló también ADEPA.
