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EEUU aprueba Ley Bolívar que prohíbe negocios con Gobierno de Maduro
Faria dijo que las autoridades estadounidenses estaban poniendo a las empresas “en riesgo de ser penalizadas arbitraria, injusta e ilegalmente por ejercer su derecho al libre comercio” El Senado de Estados Unidos ha aprobado la llamada Ley Bolívar por la que no se podrán realizar negocios con el régimen venezolano del presidente Nicolás Maduro.
El proyecto de ley, que ya había recibido el visto bueno de la Cámara de Representantes, prohíbe a las agencias federales hacer negocios con cualquiera que apoye a la administración de Maduro. La iniciativa había sido aprobada por unanimidad por la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado en marzo de 2021.
“Todos sabemos lo que Nicolás Maduro está haciendo en Venezuela. Está matando de hambre a sus propios ciudadanos. Está encarcelando a sus enemigos políticos. Está proporcionando un punto de apoyo a Rusia, Irán, China comunista y Hezbolá y está desestabilizando activamente nuestro hemisferio. No hay ninguna razón por la que el gobierno de Estados Unidos deba trabajar con empresas que también trabajan con un dictador tan repugnante”, declaró el senador Rick Scott.
La prohibición sólo se aplicaría a los contratos celebrados a partir de la promulgación del proyecto de ley y no afectaría a ningún negocio con el gobierno legítimamente elegido de la Asamblea Nacional y sus sucesores electos, se explicó.
La legislación también prevé las excepciones necesarias, incluida la ayuda humanitaria, la asistencia en caso de catástrofe y cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros expida una licencia válida para hacer negocios en Venezuela. También permite al Secretario de Estado eliminar la restricción cuando sea de interés nacional para Estados Unidos.
En Caracas, el gobierno emitió un comunicado diciendo que la Ley Bolívar pretende dinamitar cualquier camino de entendimiento y diálogo entre las dos naciones y la calificó como “un desafortunado proyecto de ley que, tanto en su nombre como en su contenido”, que “constituye una violación de las libertades económicas y una grave ofensa al pueblo venezolano.”
“Este instrumento, contrario al derecho internacional y concebido desde los sectores extremistas de la política estadounidense, viola la integridad del pueblo soberano de Venezuela, así como la de las propias empresas estadounidenses”, argumentó Caracas.
El canciller venezolano, Carlos Faria, dijo que las autoridades estadounidenses ponían a las empresas “en riesgo de ser sancionadas arbitraria, injusta e ilegalmente por ejercer su derecho al libre comercio a través de contratos con el Gobierno Bolivariano”, a través de una medida que demuestra “la furia de sectores ultraconservadores y golpistas de la política estadounidense, que no cejan en su intento de derrocar al Gobierno venezolano y dinamitar cualquier vía posible de diálogo y relaciones constructivas entre ambos países.”
El Gobierno de Maduro también criticó el nombre dado a la medida, que es una falta de respeto al “compromiso con los principios de libertad y paz de Simón Bolívar están muy por encima de los de un puñado de legisladores ignorantes de su gloria”.
