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CEPAL: Los gobiernos deben abordar los problemas del envejecimiento
“Debemos promover la inclusión del envejecimiento en las agendas gubernamentales, adecuando y modernizando la legislación”, dijo Salazar-Xirinachs La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) instó esta semana a los gobiernos de la región a abordar el tema del envejecimiento de la población, durante la V Conferencia Regional sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores que se realiza en Santiago.
El organismo internacional instó a los países a promover el envejecimiento de la población en sus agendas. “Debemos promover la inclusión del envejecimiento en las agendas gubernamentales, adecuando y modernizando la legislación y fortaleciendo las instituciones responsables de coordinar las políticas nacionales sobre envejecimiento”, dijo el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, quien apuesta por universalizar el acceso de las personas mayores a la protección social y a servicios de salud de calidad.
Según la CEPAL, en 2022 vivirán en la región 662 millones de personas, de las cuales el 13,4% (88,6 millones de individuos) son mayores de 60 años. En 2030 esta proporción aumentará al 16,5% de la población total y en 2050 los ancianos representarán el 25,1% de la población total.
Salazar-Xirinachs destacó que América Latina y el Caribe cuentan con un poderoso conjunto de instrumentos que son muestra del compromiso con la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid aunado a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Decenio de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable 2021-2030.
“Debemos promover la inclusión del envejecimiento en las agendas gubernamentales adaptando y modernizando la legislación y fortaleciendo las instituciones encargadas de coordinar las políticas nacionales sobre envejecimiento”, instó Salazar-Xirinachs a los asistentes.
La Coordinadora de la ONU en Chile, María José Torres Macho, señaló que las personas mayores enfrentan desafíos multidisciplinarios que abarcan no sólo el tema de la pobreza y el acceso a servicios de salud, sino también aquellos relacionados con el ejercicio de sus derechos políticos, sociales y ambientales.
