Un tribunal de apelaciones argentino levantó el lunes una orden cautelar de un magistrado inferior, despejando así el camino para la perforación petrolífera en alta mar frente a Mar del Plata, pero exigió un máximo nivel de control en las operaciones.
La Cámara Federal de Apelaciones local autorizó la continuidad de las actividades de prospección que involucra el proyecto con tres condiciones: que se incluyan observadores permanentes que velen por el cuidado del Monumento Natural Ballena Franca; que la prospección sísmica se realice a una distancia mayor a 50 km del sector que comprende el área conocida como Agujero Azul, y que las actividades sean inmediatamente suspendidas ante cualquier daño sensible al ambiente.
”Resulta incuestionable que la Administración de Parques Nacionales tomó la intervención que legalmente le correspondía, que el director de la APN se pronunció con precisión respecto de los impactos que el proyecto generaría sobre la ballena franca austral, que evaluó positivamente las medidas de mitigación al respecto, y que la nueva presentación de (la petrolera noruega) Equinor incorporó medidas específicas relacionadas con los informes recabados en la APN, señalaron los jueces del máximo tribunal.
La organización ecologista Greenpeace ha convocado para este martes una marcha en Mar del Plata, bajo el lema Mar Argentino sin petróleo y argumentó que el tribunal había cedido a las presiones del Gobierno y de las empresas y habilitado la exploración sísmica offshore en el Mar Argentino.
Pero no permitiremos que las petroleras destruyan nuestro mar”, insistió Greenpeace en Twitter.
A finales de 2021, el Gobierno del presidente Alberto Fernández autorizó por decreto a la petrolera noruega Equinor, junto a la estatal YPF y la anglo-holandesa Shell, a realizar estudios de exploración sísmica en zonas offshore del Mar Argentino. Pero en febrero pasado, en medio de protestas de organizaciones ecologistas, un juez de Mar del Plata dictó una medida cautelar para frenar la exploración y ordenó la realización de estudios de impacto ambiental en la zona a pedido de la Intendencia de Mar del Plata, aduciendo un posible impacto sobre el turismo de sol y playa.
El tribunal superior admitió los argumentos presentados por Equinor e YPF, que cumplieron todas las peticiones del Tribunal tanto en lo relativo a la participación pública como a la ampliación de los informes de impacto ambiental. Los sindicatos también han apoyado la iniciativa de las empresas.