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El proyecto de Constitución de Chile no sobreviviría al plebiscito
La Constitución propuesta supondría la victoria del violento socialismo del siglo XXI, según los grupos de rechazo La nueva Constitución proyectada en Chile parece condenada al fracaso en el próximo referéndum del 4 de septiembre, según los últimos sondeos, que muestran que hasta un 56% de la ciudadanía votaría en contra, entre 4 y 12 puntos porcentuales por encima de quienes la aprobarían.
De este modo, el texto redactado bajo el mandato del dictador Augusto Pinochet en 1980 -aunque sufrió algunos cambios desde el final del régimen militar- seguiría vigente.
Los últimos sondeos muestran además entre un 10 y un 15% de indecisos que podrían inclinarse por uno u otro lado en el último minuto, mientras que en las calles hay una marcada movilización ciudadana a favor de la aprobación del documento.
Más de 15 millones de chilenos están habilitados para votar el próximo domingo, en la primera convocatoria desde 2012 en la que el voto será obligatorio y los ausentes serán multados.
Los partidarios de rechazar el proyecto se oponen a pasar del actual Estado reducido, que prioriza la inversión privada, a un Estado de bienestar, con un mayor abanico de derechos fundamentales, que han sido alabados por colectivos como los indígenas, el movimiento lbgt+, las feministas y otros grupos progresistas, que hablan de “un salto adelante”.
Entre las propuestas más controvertidas están la “plurinacionalidad”, o reconocimiento de las diferentes naciones indígenas y pueblos originarios; la creación de un Consejo de Justicia en lugar del Poder Judicial, con una justicia especial indígena; y el derecho al aborto.
El rechazo supone, por tanto, el mantenimiento del statu quo, que incluye las condiciones económicas que hicieron de Chile el destino sudamericano preferido para los migrantes de Venezuela o Haití.
Otros opositores a las nuevas reformas argumentan que el proceso constituyente es una estrategia transnacional para destruir el Estado y enfrentar al pueblo chileno al sustituir el país por un “estado plurinacional” de 11 naciones indígenas, lo que implicaría la desaparición de la “igualdad ante la ley”, de la “propiedad privada” y de otras cuestiones ya legales en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El plebiscito constitucional es la última fase de un proceso que se inició con el Plebiscito Nacional de 2020, derivado de la presión violenta del Socialismo del Siglo XXI que busca convertir un problema de una administración en un conflicto de Estado para hacer de una minoría una mayoría absoluta, lo que demostrarían todos estos nuevos derechos, según los grupos de rechazo.
