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Investigan al juez uruguayo que detuvo la vacunación
Recarey prefirió no hacer ningún comentario La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay ha abierto una investigación contra el juez Alejandro Recarey por su decisión del 7 de julio de paralizar la vacunación contra el COVID-19 de niños de entre 5 y 13 años.
En el expediente se decidirá qué medidas tomar en relación con el futuro del magistrado.
La jueza Rosario Sapelli, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil Nº 2, estará a cargo del proceso. En el interín, Recarey seguirá en su cargo.
El fallo de Recarey fue revocado por la Sala 6 de Apelaciones el 26 de julio, con el argumento de que el poder judicial “no puede obligar a la Administración a ejercer, de una manera determinada, competencias que son de su exclusiva responsabilidad”.
Tras anular dos sentencias de Recarey sobre la prevención del COVID-19, el Tribunal de Apelación remitió el expediente a la SCJ para que lo analizara.
Recarey concedió una medida cautelar que suspendía la vacunación hasta que el Ministerio de Salud cumpliera ciertas condiciones: divulgar el contenido de las vacunas y los contratos de compra entre el Estado uruguayo y las empresas farmacéuticas que fabrican los medicamentos.
La misma Corte de Apelaciones revocó otro fallo de Recarey contra el hisopado de dos personas al ingresar al país.
Según el artículo 239 de la Constitución uruguaya, la SCJ tiene facultades disciplinarias sobre los jueces por sus acciones y omisiones en el ejercicio de sus funciones o fuera de ellas y también cuando puedan tener repercusiones negativas para el servicio de justicia.
Los jueces pueden ser corregidos disciplinariamente, independientemente de otras medidas legales que puedan sustanciarse contra las personas implicadas.
