MercoPress. South Atlantic News Agency

La JEP colombiana se pronunciará sobre otros 303 “falsos positivos”

Los “falsos positivos” eran campesinos o personas humildes a quienes se mataba sin piedad y se los hacía pasar por guerrilleros supuestamente abatidos en combate

El lunes se presentaron cargos penales contra 22 militares colombianos por el asesinato de 303 personas que inicialmente fueron reportadas como “falsos positivos” (campesinos señalados como guerrilleros abatidos en combate) entre 2005 y 2008.

Incluso un general se encuentra entre los imputados ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dentro del llamado “Macrocaso 03”, según se anunció.

Hacer pasar a los campesinos por guerrilleros derrotados en combate era una práctica común entre militares colombianos para obtener beneficios personales y méritos derivados de las supuestas victorias.

La acusación anunciada también incluye a un ex investigador del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, servicio secreto) y a dos civiles, que supuestamente también participaron en los asesinatos.

Los acusados pertenecían a la Brigada XVI del Ejército en el departamento de Casanare (este) y este caso es sólo uno de los muchos que la JEP tiene bajo investigación.

“Los acusados formaban parte de una organización criminal”, que “se apartó de las normas constitucionales y reglamentarias de las operaciones militares y realizó ataques organizados y a gran escala que tenían como objetivo matar a personas indefensas que eran presentadas como bajas en combate”, afirmó la JEP.

Como en otros casos de “falsos positivos” juzgados anteriormente por la JEP, las víctimas de Casanare fueron personas vulnerables, ancianos, discapacitados, hombres y mujeres con necesidad de trabajo que fueron engañados y luego asesinados.

Entre las víctimas había 9 mujeres y una persona de orientación sexual divergente. En algunos casos, según las investigaciones de la JEP, hubo “prácticas de extrema violencia” antes del asesinato.

Una vez muertas, estas personas eran vestidas con ropa militar para simular que eran guerrilleros y se les dotó de armas, algunas de las cuales fueron compradas con dinero público destinado a otros fines.

A cambio de estos crímenes, los soldados recibían “comidas especiales, planes de vacaciones, cursos de formación en el extranjero o el traslado al Batallón Colombia nº 3 en el Sinaí y el reconocimiento de que reunían las condiciones necesarias para el ascenso”, según la JEP.

A los acusados se les han leído los cargos en su contra y se les ha dado un plazo de 30 días hábiles para que se declaren inocentes o culpables y aporten otras pruebas o argumentos. Los familiares de las víctimas también tienen 30 días para fundamentar sus argumentos contra los acusados.

”Si las partes niegan su responsabilidad, el caso se remitirá a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). Si son declarados culpables en el juicio, los acusados podrían ser condenados a hasta 20 años de prisión”, dijo la JEP.