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Reporteros nicaragüenses en prisión preventiva durante 90 días
“Ortega, el mismo que recibió a la Madre Teresa en los años 80, es el que expulsó a su congregación religiosa del país”, denuncian los grupos de derechos humanos Un juez nicaragüense ha dictaminado que dos trabajadores del diario La Prensa pasen 90 días en prisión preventiva tras ser detenidos por informar sobre la expulsión del país de monjas pertenecientes a la Congregación de la Madre Teresa.
Los reporteros se encuentran en las celdas de la Dirección de Asistencia Judicial (DAJ), informó el diario. “La Prensa exige que se respete la ley, que se libere a los detenidos y que cese la persecución contra el personal del diario que sólo cumple con su trabajo, sin cometer ningún delito”, reclamó.
La Prensa dijo que la medida era una respuesta a la cobertura de la expulsión a Costa Rica de las monjas de la orden de las Misioneras de la Caridad que decretó el Gobierno de Daniel Ortega el pasado miércoles, que tildó de “opositora y golpista” a la Iglesia católica nicaragüense. El pasado mes de marzo el gobierno nicaragüense expulsó al nuncio Waldemar Sommertag. Entre mayo y junio, las autoridades también cerraron dos canales de televisión católicos.
Mientras tanto, todos los bienes que pertenecían a las ONGs proscritas por el régimen de Ortega -a saber, Operación Sonrisa, Centro Humboldt, Puntos de Encuentro, La Corriente, Cantera, CEPS y ANIA- han sido incautados por funcionarios del gobierno, según un informe de Confidencial.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en abril una ley que endurece el control del Gobierno sobre las ONG, después de que en los últimos meses el Ejecutivo de Daniel Ortega haya ordenado el cierre de organizaciones independientes por supuestas irregularidades formales. Un total de 858 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) han sido ilegalizadas, de un total de más de 6.000.
“Ortega, el mismo que recibió a la Madre Teresa de Calcuta en los años 80, es el que expulsó del país a su congregación religiosa”, denunció en Twitter el independiente Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que resaltó que las religiosas fueron deportadas como si fueran “delincuentes”.
La organización de culto fue anulada la semana pasada por el Parlamento, controlado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto a un centenar de otras ONG, por incumplir la ley al no reportar sus estados financieros ni explicar el origen de las donaciones que reciben.
El Cenidh insistió en que las autoridades han atentado contra “el honor y la reputación” de las monjas “al afirmar que no estaban acreditadas” y “trabajaban ilegalmente en Nicaragua”.
Según La Prensa, las monjas, de varias nacionalidades, salieron de Nicaragua hacia Costa Rica por tierra.
“La Corriente denuncia ante la ciudadanía nicaragüense y la comunidad internacional que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acaba de consumar hoy, 8 de julio, el despojo de los locales propiedad de nuestra asociación”, dijo la organización en un comunicado público. “Es evidente que la cancelación de nuestra personería jurídica y la incautación de nuestras instalaciones es un acto ilegal que viola la libertad de asociación contenida en la Constitución”, dijo La Corriente, que durante casi 30 años defendió los derechos de las mujeres y promovió “valores democráticos”.
Organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) o la Fundación Popol Na, corrieron la misma suerte tras ser ilegalizadas y sus oficinas pasaron a dominio estatal sin previo aviso.
Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica desde abril de 2018, con manifestaciones masivas contra el régimen de Ortega que fueron controladas por ataques armados que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron al menos 355 muertos, de los cuales la dirigencia sandinista reconoce apenas 200. La situación se agravó con las elecciones de noviembre pasado, en las que Ortega y Murillo fueron reelegidos, con siete de sus posibles opositores en la cárcel y dos en el exilio.
