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Secretario de Presidencia uruguaya dice que el fallo sobre la vacuna es un “disparate”
El Poder Judicial es responsable de lo que pueda ocurrir con los niños con comorbilidades que se apuntaron a la vacunación, argumentó Delgado El secretario de la Presidencia de Uruguay, Álvaro Delgado, admitió el jueves que “los fallos se acatan, pero se pueden criticar y este fallo es un disparate”. Hizo esas declaraciones después de que el juez subrogante Alejandro Recarey ordenara suspender la vacunación contra el COVID-19 a los menores de 13 años.
Delgado también anunció que el Ministerio de Salud (MSP) apelará la decisión del magistrado. “El Gobierno respeta la ciencia y respeta el Poder Judicial, por eso el MSP suspende la vacunación voluntaria de los menores y lo segundo que queremos decir es que, sin duda, vamos a recurrir esta sentencia”.
El funcionario también destacó que el fallo “hace recaer sobre el Poder Judicial la responsabilidad de la posible afectación de la salud de una cantidad de menores en Uruguay que querían vacunarse”. Agregó que 5.800 menores se inscribieron para recibir la segunda dosis de la vacuna. “Muchos de ellos con comorbilidades o prescripciones médicas”, subrayó Delgado.
“Lo primero que está preparando el Gobierno en estas horas es el recurso inmediato a esta sentencia judicial”, aseguró. ”Las sentencias se cumplen, pero se pueden criticar y esta sentencia es un despropósito (...) que dicta, entre otras cosas, en sus fundamentos que el Plan de Vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron los intereses económicos de las empresas farmacéuticas privadas. Para el gobierno y para todo Uruguay este argumento es inadmisible“, subrayó Delgado.
Añadió que un juez que suspende ”una vacunación que es voluntaria nos preocupa enormemente en contra de la opinión de la ciencia y en contra de lo que está pasando en el mundo“, continuó.
El juez Recarey hizo lugar a una medida cautelar presentada por el abogado Maximiliano Dentone y ordenó la suspensión de todas las vacunas en ese grupo etario por 72 horas. Los activistas antivacunas celebraron la medida a las puertas del juzgado con carteles que decían ”los niños no se tocan“.
El magistrado ordenó al MSP y a la Presidencia uruguaya publicar íntegramente todos los contratos de compra de vacunas con la farmacéutica china Sinovac, la anglosueca AstraZeneca y la estadounidense Pfizer.
También pidió que se redacte un texto para ser entregado directamente a los menores de 13 años que quieran vacunarse, en el que haya una información ”completa y clara“ sobre las sustancias que contiene cada vacuna, sus beneficios y riesgos, así como los efectos adversos ”ya detectados“.
Recarey, que lleva el caso como magistrado de guardia durante el receso invernal del Poder Judicial, también dictaminó que una vez que se cumplan estos requisitos aceptará revisar la reanudación de las vacunaciones.
El MSP anunció en las redes sociales que las vacunas para este grupo etario no estarán disponibles ”hasta nuevo aviso“, pero insistió en que ”cada decisión tomada respecto a la vacunación del Plan Nacional de Coronavirus se basó en la evidencia científica disponible.”
La vacunación no es obligatoria en Uruguay, que en junio de 2021 se convirtió en el primer país de América Latina en vacunar a los menores de entre 12 y 17 años, mientras que en enero de 2022 comenzó a vacunar a los niños de entre 5 y 11 años.
