El ex canciller peruano Diego García-Sayán ha dicho que veía una intromisión de la política en el fallo judicial por el que la ex presidenta interina de Bolivia, Janine Àñez, fue condenada a diez años de cárcel por delitos contra la Constitución.
El relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados dijo que veía una intervención política en la condena de Áñez. Los indicios de una posible intervención del poder político en este proceso judicial preocupan a la comunidad internacional. La justicia boliviana tiene la oportunidad de hacer las correcciones necesarias en caso de apelación o revisión, si se presenta, subrayó García-Sayán.
También expresó su preocupación por las declaraciones del ex presidente Evo Morales, quien ha admitido que el partido gobernante MAS analizó en una reunión los pasos judiciales a seguir en el caso de Áñez.
#Bolivia: es preocupante lo revelado este domingo por el ex presidente Evo Morales sobre una reunión política entre dirigentes del gobierno y del partido de gobierno, en la que habrían acordado que la señora Añez sea sometida a un juicio ordinario y no a un juicio de responsabilidades, dijo García-Sayan en las redes sociales.
Las palabras de Morales desataron las críticas de la oposición. Posteriormente el ex mandatario aseguró que sus palabras habían sido distorsionadas y que en realidad se refería a que se debatió la estrategia jurídica y política para lograr justicia por las masacres de nuestros hermanos.
Al no haber considerado el período en que Áñez ejerció la presidencia, la justicia ha omitido analizar y pronunciarse sobre hechos graves como los de Sacaba y Senkata, agregó el relator de la ONU.
En su informe del pasado 25 de mayo sobre la situación de la justicia en Bolivia, García-Sayán recomendó un debate nacional sobre las normas de elección de los magistrados.
A principios de este año, había dicho que el poder judicial del país estaba alejado de la gente e insistió en la necesidad de un sistema de justicia independiente y accesible es un desafío fundamental para la sociedad boliviana. También había advertido que el Estado boliviano era responsable de la salud y la integridad física de las personas privadas de libertad, incluida Áñez.