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Chile vuelve al estado de excepción en el sur
Siches ha experimentado de primera mano lo que pueden hacer los grupos indígenas radicales A pesar de su renuencia a recurrir a los mismos mecanismos constitucionales adoptados por la administración de Sebastián Piñera, el Gobierno chileno del presidente de izquierda Gabriel Boric Font anunció este miércoles un estado de excepción para hacer frente a la violencia en las zonas indígenas del sur.
La propuesta inicial de Boric era la de un “estado intermedio”, que no contó con el apoyo de su propia coalición debido al tradicional rechazo de los grupos de izquierda a la militarización de La Araucanía.
“Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para dar seguridad”, admitió la ministra del Interior, Izkia Siches.
La zona indígena del sur del país ha soportado actos de violencia, como la quema de camiones y ataques a los controles policiales, todo ello tras el llamamiento a la lucha armada del líder radical mapuche Héctor Llaitul, de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Siches, que durante su primera semana de gobierno en marzo se vio impedida de circular por territorio indígena, confirmó que “es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las carreteras”, lo que dificulta “la ejecución de proyectos de desarrollo, perpetuando las condiciones de pobreza e inequidad”.
“Por eso hemos solicitado al Ministerio Público un fiscal con dedicación preferente a la investigación de las organizaciones criminales que atentan contra la convivencia en la Región del Biobío y La Araucanía, para que todas las partes tengan la seguridad de que los delitos serán perseguidos de acuerdo a lo que manda la ley”, explicó.
En ese sentido, el Gobierno había decretado “un estado de excepción para resguardar las rutas de la Provincia de Arauco y Biobío” y “permitir el libre tránsito de personas, suministros y la ejecución de políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios.”
“Volveremos a la normalidad”, prometió, al tiempo que recalcó los mecanismos emprendidos por la administración de Boric para comprar tierras y devolverlas a las comunidades nativas, además de crear un Ministerio de Pueblos Indígenas, entre otras iniciativas.
El senador demócrata cristiano Matías Walker dijo que “sé que no es una decisión fácil, pero estoy seguro que la mayoría de los chilenos siente que tiene sentido una decisión que busca proteger la seguridad de las personas”, mientras que el senador comunista Daniel Núñez reconoció que “no estoy contento, pero dentro de las opciones era razonable”.
“Lamentablemente, cuando los movimientos de carácter étnico o nacionalista se radicalizan al extremo, se llega a callejones sin salida como ocurrió en España con ETA. No queremos ese camino para Chile, por eso buscamos una solución política, pero salvaguardando la vida de todos”, dijo Núñez.
