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Poder Judicial de Bolivia en la mira tras muerte de líder indigenista encarcelado

Aramayo pasó 7 años en la cárcel sin sentencia por delitos que conllevan una pena máxima de 5 años de prisión

Human Rights Watch ha calificado a Bolivia como uno de los ejemplos más graves de falta de independencia del poder judicial tras la muerte en la cárcel de Marco Antonio Aramayo, antiguo administrador de un fondo nacional indígena.

Aramayo falleció el martes por la mañana tras sufrir dos paros cardíacos. Llevaba siete años recluido en la cárcel de San Pedro. A pesar de que sufría de hipertensión arterial, era trasladado de una ciudad a otra para asistir a las audiencias de los 256 casos en los que estaba procesado por malversación de fondos. En los últimos meses, se contagió tres veces de Covid-19.

“Bolivia es uno de los ejemplos más groseros de la falta de independencia del poder judicial en la región”, escribió en su cuenta de Twitter Tamara Taraciuk, directora de HRW para las Américas, aludiendo a la ausencia de un debido proceso contra Aramayo.

Taraciuk se hizo eco de una publicación de su colega César Muñoz, quien el martes dijo estar triste por la muerte de Aramayo. Muñoz mencionó “graves denuncias de violación del debido proceso y de inadecuada atención médica en la cárcel. ¿Pero quién va a investigarlas? Una vez más se evidencian los estragos de la falta de un sistema de justicia independiente”.

Aramayo, de origen indígena, era el único sospechoso investigado en un número tan elevado de casos, aunque no firmó ni autorizó los contratos de las supuestas malversaciones. Sin embargo, fue detenido y acosado, mientras que no se presentaron cargos contra los miembros del directorio del Fondo Indígena, y su presidenta, Nemesia Achacollo, sólo figura en uno de los casos.

El millonario desfalco al Fondo Indígena (Fondioc) estaba a punto de caer en el olvido cuando Aramayo falleció en el Hospital Municipal de Cotahuma, en La Paz, al que llegó el fin de semana en estado crítico y tras sufrir un fallo “multiorgánico” por hipertensión arterial, según el parte médico. Tenía 54 años.

Llevaba 7 años preso cuando los delitos por los que era investigado tenían una pena máxima de hasta 5 años de cárcel.

“Han sido poco más de 256 casos durante siete años en los que nunca se encontró la verdad y esa historia se ha disipado”, dijo el abogado de Aramayo, Héctor Castellón.

Agregó que el escándalo del Fondo Indígena es algo del pasado para la mayoría de los bolivianos, “cuando en realidad esa estafa ha sido una de las más grandes que se han perpetrado” en el país.

El caso de 2015 fue uno de los mayores escándalos de corrupción en el gobierno de Evo Morales, con grandes sumas de dinero desviadas a unas 1.100 cuentas privadas de dirigentes sociales y sindicales del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), algunos de los cuales ocupan hasta hoy cargos públicos, como Felipa Huanca, de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, que estuvo en el directorio del Fondioc y desde 2021, tras graduarse como socióloga, dirige el consulado boliviano en Puno, Perú.

El ex diputado de Unidad Demócrata (UD) Rafael 'Tata' Quispe presentó una denuncia penal contra Huanca. Quispe fue condenado a dos años de prisión por acoso político contra Huanca.

“Se ensañaron con Aramayo hasta su muerte. Él era el principal testigo del caso. Han pasado siete años de impunidad y no hay juicio contra los que desfalcaron y hay responsables. Estas son las consecuencias de haber dicho que la principal acusada era Nemesia Achacollo”, quien fue ministra de Desarrollo Rural, dijo Quispe.

También afirmó que la estrategia de la administración de Morales fue “dilatar el caso hasta que todos se olviden”

Las investigaciones en 2018 incluyeron al entonces ministro de Economía y actual presidente, Luis Arce Catacora, y a otros miembros del gabinete, pero no dieron resultados.

El Fondo Indígena fue creado a partir de la Ley de Hidrocarburos para financiar proyectos de desarrollo productivo en comunidades indígenas y campesinas, a partir de los recursos generados con la renta petrolera.

Aramayo había solicitado la intervención de la Contraloría General del Estado en 157 proyectos en los que se habían detectado irregularidades.

Nemesia Achacollo tiene arresto domiciliario desde 2017, pero se la ha visto en mítines políticos del MAS.

“Los jueces que avalaron todos estos procesos todavía están esperando que la Fiscalía presente una acusación formal”, explicó Quispe.

“En este asunto hay mucho que investigar por parte del Consejo de la Magistratura y la Fiscalía por la retardación de justicia. Es lacerante que una persona pueda estar siete años con detención preventiva sin sentencia ejecutoriada, peor aún que no haya podido tener las condiciones de defensa para tener o ejercer la libertad con arresto domiciliario”, admitió esta semana el viceministro de Justicia, César Siles.

La ex directora del Fondioc, Elvira Parra, sigue en la cárcel, mientras que varios dirigentes disidentes del MAS que también fueron procesados continúan libres.