MercoPress. South Atlantic News Agency
ONG venezolanas denuncian daños ambientales por minería ilegal
El daño al ecosistema y a las poblaciones de estas zonas es evidente, dijeron las ONG Organizaciones ambientalistas han llamado al gobierno venezolano a tomar medidas ante los daños que causa la minería ilegal en una zona cercana a la frontera con Colombia.
La iniciativa Proyecto Educación, Producción y Medio Ambiente (EPA) ha señalado a principios de esta semana que en Táchira se realizan actividades de “explotación, extorsión, microtráfico, narcotráfico y contrabando de minerales”.
“Así como en el Arco Minero del Orinoco se da la minería ilegal, la extracción de minerales y recursos naturales, que ya ha sido denunciada en reiteradas oportunidades, también se da en el estado Táchira, exactamente en el municipio Lobatera”, dijo el coordinador de EPA Elías Cáceres en comunicado difundido por la ONG Fundaredes.
El proyecto EPA está integrado por Fundaredes y otras ONG. Todas sostienen que es una “extracción inconsciente la que se está haciendo en estas tierras y que está causando daño a nuestra ecología [y] daño a nuestro medio ambiente”.
Cáceres destacó que zonas del estado fronterizo como Minas del Carbón, El Rodeo, La Parada, Montaña, Molino, Casadero y Platanales se encuentran entre las más afectadas por la minería ilegal y ha lanzado un llamamiento al Estado venezolano a darle la importancia requerida a estas denuncias que, aseguró, se hacen públicas desde 2019.
“Es necesario tener en cuenta esta grave situación, ya que el daño que se está haciendo al ecosistema y a las poblaciones de estas zonas es evidente”, dijo el coordinador.
A principios de este mes, Fundaredes denunció “el grave impacto ambiental y los daños” en el estado amazónico de Bolívar, al sur del país, por la explotación de oro que realizan empresas autorizadas por el régimen de Nicolás Maduro.
“Sin ningún control continúa el grave impacto ambiental y la destrucción del pulmón vegetal en el estado Bolívar por parte de las empresas transnacionales autorizadas por el gobierno nacional para la explotación de oro, aunado al accionar de los grupos criminales” en la región, dijo la organización.
