El lunes por la noche se realizaba un allanamiento policial a gran escala en el barrio San Ignacio de Tegucigalpa, mientras la Corte Suprema aún debe conceder o rechazar la solicitud de Estados Unidos de extraditar al expresidente Juan Orlando Hernández para ser juzgado por presunto narcotráfico.
El abogado de Hernández, Hermes Ramírez, dijo en una entrevista televisiva que las fuerzas de seguridad estaban apostadas cerca de la residencia del expresidente en una supuesta acción para capturarlo, violando sus derechos.
Aún estaba por determinarse al momento del operativo si Hernández se encontraba en su domicilio y, de ser así, si se entregaría voluntariamente.
Estados Unidos solicitó este lunes a Honduras la extradición de Hernández por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
La Cancillería hondureña había enviado los documentos oficiales de Estados Unidos a la Corte Suprema para que se pronuncie definitivamente sobre el tema. El Tribunal se reunió en pleno a última hora del lunes para nombrar un relator que debía decidir sobre la solicitud de extradición.
La solicitud estadounidense es la primera desde que el pasado 27 de enero asumió el nuevo Gobierno de Honduras, con Xiomara Castro como presidenta del país centroamericano.
Washington había revocado la visa de Hernández desde julio de 2021, cuando aún era presidente de Honduras. Su primer mandato comenzó el 27 de enero de 2014 y finalizó el 27 de enero de 2018, cuando prestó juramento para un segundo período, que finalizó el mes pasado.
EE.UU. ha desclasificado el 7 de febrero que Hernández había sido incluido en la lista de individuos corruptos en julio pasado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, había explicado que la incorporación de Hernández a la lista se había decidido ante múltiples y creíbles informes de los medios que indicaban que supuestamente estaba involucrado en actos de corrupción y tráfico de drogas.