Fuentes judiciales bolivianas informaron este lunes que una cuarta serie de cargos contra la expresidenta interina Jeanine Áñez se formalizará en breve por hechos ocurridos durante su permanencia de facto al frente del Ejecutivo Nacional.
La ex mandataria está en su sexto día de huelga de hambre desde la semana pasada el día previo al inicio de un juicio en su contra, que luego fue aplazado por dificultades técnicas.
La nueva acusación estaría vinculada a las 37 muertes de las matanzas de Sacaba y Senkata, dos localidades donde las Fuerzas Armadas reprimieron manifestaciones antigubernamentales.
Actualmente, Áñéz está acusada en el llamado caso Golpe de Estado II por ser investida como presidenta cuando no era la siguiente en la línea de sucesión tras las renuncias de Evo Morales y Álvaro García-Linera y también por no cumplir con sus deberes legítimos como senadora.
Luego está el llamado caso Golpe de Estado I, que consiste en cargos por sedición y terrorismo, en el cual la Corte Constitucional debe aún pronunciarse sobre qué norma procesal aplicar.
También hay un tercer caso por supuestas irregularidades en la designación de Karina Fabiola Leiva Añez de Ruiz como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2020.
En esta nueva oportunidad, familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata buscan justicia: “Declaramos la emergencia porque como víctimas de la señora Añez en su gobierno de facto hubo heridos y fallecidos” y “esto no puede quedar impune”.
En este escenario, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo este lunes que, de acuerdo con las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), el Estado debe hacer cumplir la memoria, verdad y justicia para las víctimas de los hechos de 2019.
“Ahora tenemos una Ley para el Fortalecimiento de la Lucha contra la Corrupción que nos permite en casos de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos hacer (un proceso) en ausencia aun cuando Áñez esté en huelga de hambre. En estos casos, el proceso puede continuar en rebeldía por mandato de la ley”, dijo Lima.
“Quien no quiera rendir cuentas ante la justicia, será sometido a un juicio en rebeldía, esto no va a parar por ningún motivo, porque el concepto del Gobierno es que no vamos a cejar en este empeño por lograr justicia”, prosiguió Lima.
El ministro insistió en que Áñez será juzgada como exsenadora y no como presidenta de facto porque incumplió los artículos 168 y 169 de la Constitución además de las normas del Senado cuando se proclamó primero como titular de la Cámara Alta y luego como jefa de Estado.