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Assange puede apelar su extradición ante la Corte Suprema del Reino Unido
La Federación Internacional de Periodistas (FIP), Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras (RSF) dieron la bienvenida a la posibilidad de una apelación Los magistrados británicos Ian Burnett y Tim Holroyde dictaminaron este lunes que había un tecnicismo legal en el caso de Julian Assange que valía la pena ser revisado por parte del máximo tribunal del país y, por lo tanto, allanaron el camino para que se apelara la extradición a Estados Unidos.
Assange está pendiente de ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por 18 cargos de espionaje e intrusión informática. El nuevo fallo da a Assange 14 días para llevar su caso a la Corte Suprema.
Burnett y Holroyde, quienes el 10 de diciembre autorizaron la entrega de Assange, reconocieron en su fallo del lunes que había un lado legal sobre el que la Corte Suprema debería decidir: ¿Es admisible que Washington haya presentado durante el proceso de apelación en octubre pasado, y no en el juicio inicial en enero de 2021 sus garantías sobre el trato que recibirá el australiano en suelo americano?
Los jueces consideraron que la apelación de Assange debe ser denegada, pero dado que la Corte Suprema nunca se ha pronunciado sobre este punto legal específico, preferirían que se aclarara esta cuestión antes de que Assange sea trasladado a los Estados Unidos.
La defensa de Assange ya se planteó en octubre que Estados Unidos había presentado las salvaguardias de manera extemporánea.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP), Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras (RSF) dieron la bienvenida a la posibilidad de una apelación para el periodista que ha estado encarcelado durante más de 1.000 días en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh.
“Acogemos con satisfacción esta decisión”, dijo Rebecca Vincent, directora de la sede de RSF en el Reino Unido, y subrayó que es “un paso en la dirección correcta”, aunque todavía no es suficiente.
“Nos complace que se le permita a Julian Assange solicitar la apelación contra su extradición a Estados Unidos”, dijo la FIP, y agregó que la extradición de Assange a Estados Unidos “pondría su vida en peligro extremo”.
Por su parte, Massimo Moratti, director de investigación de la oficina regional de Amnistía Internacional, saludó la decisión, pero expresó sus reservas, preocupado porque “el Alto Tribunal ha eludido su responsabilidad de garantizar que los órganos judiciales estudien a fondo los temas de importancia pública”.
Según el representante de RSF, el caso de Assange tiene un significado histórico, que “tendrá implicaciones para el periodismo y la libertad de prensa durante muchos años”.
Las organizaciones también pidieron a la administración del presidente estadounidense Joseph Biden que retire todos los cargos y cierre el caso de una vez por todas.
La FIP comentó: “Exigimos constantemente la liberación inmediata de Assange en nombre de la libertad de prensa”.
El 10 de diciembre, el Tribunal Superior anuló la decisión de la jueza Vanessa Baraitser de no extraditar a Assange con el argumento de que presentaba un riesgo de suicidio. Burnett y Holroyde sostuvieron que Baraitser debería haber advertido a los Estados Unidos sobre esas preocupaciones suyas para que se le pudiera haber ofrecido un informe detallado sobre las garantías que aplicaría el régimen penitenciario norteamericano en ese sentido. Luego, los jueces dijeron que las garantías finalmente presentadas ante su tribunal eran satisfactorias y dictaminaron que Assange podría ser extraditado.
Durante el juicio celebrado el 27 y 28 de octubre, el fiscal James Lewis, en representación de EE.UU., garantizó que si Assange fuera extraditado no sería sometido a “medidas administrativas especiales” como la prohibición de visitas o correspondencia, ni sería alojado en un centro de detención de alta seguridad en Colorado, a menos que luego hiciera algo para merecerlo.
Assange enfrenta hasta 175 años de prisión si es condenado en un tribunal estadounidense por 17 cargos de violación de la Ley de Espionaje de 1917 y un cargo de presunto hackeo por publicar en WikiLeaks unos 90.000 informes de guerra de actividades realizadas en Afganistán, 400.000 acciones en Irak, 250.000 “cables sin procesar” del Departamento de Estado y más de 800 informes sobre reclusos en Guantánamo.
