Venezuela, un país que ha elogiado las recientes elecciones fraudulentas de Nicaragua que la mayor parte del mundo ha condenado, volverá este domingo a las urnas para elegir legisladores nacionales y autoridades regionales y locales.
Lo que diferencia a este proceso de la mayoría de las contiendas recientes es el regreso a la arena política de los llamados partidos de oposición.
En este escenario, no está en juego tanto la continuidad del presidente Nicolás Maduro hasta el 2025 pero sí su credibilidad, en un país donde el mismo partido (PSUV) gobierna desde 1999 y donde se sabe que el encarcelamiento de rivales políticos es práctica común.
Se espera que el PSUV, que controla la mayoría de las gobernaciones y la Asamblea Nacional, obtenga la mayoría de los 3.082 cargos en juego, incluidos 23 gobernadores, 335 alcaldes y varios miles de escaños en las legislaturas estatales y municipales. La oposición ha conseguido seis gobernaciones y 76 alcaldes en 2008 y 2013, respectivamente.
La mayoría de los analistas están de acuerdo en que la participación será un tema clave, que determinará la legitimidad de las autoridades elegidas como resultado del proceso del domingo, pero un mayor número de votos puede no significar necesariamente la victoria de la oposición, fragmentada entre varias opciones.
Sin embargo, se cree que Maduro espera que con elecciones más libres a un nivel más bajo, la mayoría de las sanciones internacionales actualmente vigentes contra Venezuela y su gobierno puedan ser levantadas. De ahí su decisión de permitir el regreso al país de exlíderes políticos que se encontraban en el exilio y ahora compiten por algunos cargos. Estos candidatos debieron salir del país después de que Maduro los acusara de intentar derrocarlo.
Los principales partidos de la oposición -que desde 2017 boicotearon los procesos electorales alegando que no existían las condiciones adecuadas- confirmaron su participación en agosto tras ser prácticamente borrados del escenario político. En elecciones anteriores apenas consiguieron un puñado de cargos de elección popular.
La decisión de participar de los principales partidos de la oposición, muchos de ellos aún prohibidos, se produjo también tras meses de diálogos tras bambalinas con altos funcionarios del gobierno de Maduro, inicialmente entre aliados del ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles. Estas negociaciones llevaron a la designación de una nueva junta del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde dos de sus cinco miembros son opositores reconocidos, entre ellos un activista que había sido encarcelado por su presunto intento de desestabilizar al gobierno.
Otra razón por la que estas elecciones pueden ser diferentes son las recientes negociaciones en México entre el régimen de Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y varias decenas de países reconocieron como presidente interino de Venezuela, luego de considerar que Maduro fue elegido en 2018 en una elección fraudulenta. En estas conversaciones que ahora han sido interrumpidas, Noruega ha actuado como facilitador, mientras que Rusia y Holanda se han sumado como “países compañeros”.
Las negociaciones fueron paralizadas abruptamente por el PSUV en protesta por la extradición de Cabo Verde a Estados Unidos del empresario Alex Saab, quien es sospechado de ser un prestanombre para los negocios de Maduro. Se espera que se reanuden después de las elecciones.
Las elecciones del domingo también serán supervisadas por organismos independientes, una exigencia de larga data de los opositores al gobierno. La Unión Europea acordó enviar un equipo de observadores para supervisar tanto la campaña electoral como el desarrollo de los comicios el domingo. La UE no ha reconocido las elecciones legislativas del año pasado y se ha mantenido alejada de los procesos electorales en Venezuela desde 2006. Un panel de expertos de Naciones Unidas y seis del Centro Carter, con sede en Atlanta, también participan del acto comicial.
Mientras tanto, Estados Unidos anunció que vigilará las elecciones de Venezuela, pero admitió que nadie espera que sean libres ni justas, según el enviado del Departamento de Estado, Juan Sebastián González, principal asesor del presidente Joseph Biden para América Latina y el Caribe.
González enfatizó que en estas elecciones se debate quiénes son los venezolanos que quieren democracia y los que no.
Estados Unidos ha insistido en varias ocasiones en su apoyo a las negociaciones en México entre el gobierno de Maduro, en el poder desde 2013, y la Plataforma Unitaria de Venezuela, que aglutina a la oposición.
A pesar de acercamientos ilusorios y esperanzadores en las elecciones del domingo, los analistas prevén que poco cambiará en Venezuela, al igual que en Cuba o Nicaragua, porque en la práctica no hay garantías, ya que a pesar de las reformas, el CNE sigue bajo el control del PSUV y los registros de votantes no están al día, además de la existencia de presos políticos y varios venezolanos privados de sus derechos políticos, sumada la gran cantidad de migrantes venezolanos que han abandonado el país en los últimos años y que se estima en más de 4 millones de personas mayores de 18 años cuyos votos irían en gran medida y naturalmente en contra del líder que los obligó a buscar un futuro mejor en otra parte.
Luego también están los problemas relacionados con la credibilidad del sistema de votación electrónica, así como las restricciones a la prensa.
Maduro también ha amenazado a la UE con una respuesta contundente si los observadores cuestionan la validez de las elecciones regionales y Guaidó ha insinuado que no había condiciones para unas elecciones libres y justas en Venezuela.
Pese a todas estas condiciones, la jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en Venezuela, Isabel Santos, ha anunciado que recorrerá varios centros de votación en Caracas el domingo, luego de lo cual se espera que brinde declaraciones a la prensa.
La MOE-UE es la primera misión de observación enviada por el bloque a Venezuela en 15 años. Ha desplegado un equipo de 11 analistas desde el 14 de octubre, a los que se han sumado 44 observadores de largo plazo, 34 observadores de corto plazo, nueve miembros del Parlamento Europeo y más de 30 observadores reclutados localmente del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. El día de la votación, la misión contará con unos 130 observadores que visitarán los centros de votación en 23 estados del país. Se espera que Santos publique una declaración preliminar el próximo martes, a pesar de las advertencias del segundo al mando del PSUV, Diosdado Cabello, en los últimos días. También se espera que los observadores internacionales publiquen un reporte más exhaustivo a comienzos del próximo año.
Una delegación rusa también llegó a Caracas para ayudar a supervisar las elecciones, que serán monitoreadas por unos 300 expertos extranjeros, según fuentes de ese país. El embajador de Moscú en Venezuela esperaba que los informes de recuento de votos estuvieran disponibles el domingo por la noche, mientras que los resultados preliminares se darán a conocer el lunes temprano, hora de Rusia.