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Presidente de Chile sobrevive a un nuevo intento de juicio político
Fue el segundo intento fallido de destituir a Piñera en su mandato. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, podrá permanecer en el cargo hasta el 11 de marzo de 2022 luego de que un intento de destituirlo no consiguió el respaldo del Senado este martes.
Si bien se requerían 29 votos para avanzar con el trámite presentado por la Cámara Baja, tras 14 votos en contra más la abstención del senador Manuel José Ossandón del gobernante partido Renovación Nacional, la Cámara Alta supo a las 20:00 horas del martes que el número clave nunca podría ser alcanzado.
Diputados de la oposición habían solicitado el juicio político de Piñera luego de que la investigación de la prensa internacional conocida como Pandora Papers mostrara irregularidades en la venta de la empresa minera Dominga por parte de la familia Piñera a un amigo a través del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas durante la primera presidencia de Piñera en 2010.
La venta también incluyó una cláusula que condicionaba un tercer pago de 152 millones de dólares a que el sitio de la mina no fuera declarado santuario, una decisión que correspondía al Consejo de Ministros designado por el jefe de Estado.
Los diputados habían acordado buscar el juicio político de Piñera el 9 de noviembre con 78 de 155 votos con el argumento de que el mandatario había presuntamente violado la Constitución y las Leyes y comprometido gravemente el honor de la nación.
El Senado se reunió este martes como jurado y no logró alcanzar el número requerido de votos para seguir adelante. La oposición solo tenía 24 senadores de los 29 necesarios para un resultado diferente.
La defensa de Piñera, encabezada por el abogado Jorge Gálvez, había afirmado que los argumentos en contra de su cliente eran “falsos” y “astutos”.
“Creo que como defensa hemos cumplido con la tarea que nos encomendó el Presidente de la República, en el sentido de demostrar que la acusación constitucional carece de mérito. Se basa en hechos falsos e implica la distorsión astuta de los hechos, y hemos demostrado fehacientemente que ni el Presidente de la República ni su familia han cometido ilícito o irregularidad alguna”, dijo Gálvez al Senado.
Agregó que “desde el punto de vista jurídico, la presente acusación constitucional viola la Constitución, viola los tratados internacionales y no recoge en este caso, los hechos que podrían dar lugar a la responsabilidad política del Presidente”.
El senador Juan Antonio Coloma (UDI) dijo: “Espero que vuelva la cordura o vuelva la racionalidad. El país necesita entenderse a sí mismo, respetar la institucionalidad, no abusar de ella”.
La senadora Loreto Carvajal (PPD) dijo que “es incomprensible que una vez más Piñera se salve de esta acusación. No tenemos el quórum suficiente para acusarlo constitucionalmente”.
“Muchas veces escuchamos tontamente 'hay que dejar que las instituciones funcionen', pero los acusadores no permiten que las instituciones funcionen hoy”, dijo el senador Claudio Alvarado (UDI) antes de votar en contra del juicio político.
El senador Jaime Quintana (PPD) favoreció la destitución de Piñera: “Todos sabíamos que este no iba a ser un buen gobierno, pero nunca imaginamos que sería así de horrible, donde la imagen de Chile en el exterior, algo que había tardado décadas de esfuerzos para cimentar, iba a caer al suelo a un punto casi sin retorno, y donde la única esperanza estaría en un proceso constituyente”.
Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el proyecto Dominga fue vendido al empresario y amigo de la familia Carlos Alberto Délano. Piñera, uno de los hombres más ricos de Chile, ha sostenido que se había distanciado de sus negocios a través de fideicomisos ciegos en 2009 y que lo revelado en los Pandora Papers ya había sido investigado y desestimado por los tribunales en 2017.
La decisión del Senado se produjo pocos días antes de las elecciones presidenciales del próximo domingo.
Fue el segundo intento de destituir a Piñera. El primero tuvo lugar después de las revueltas de octubre de 2019, cuando fue acusado de violaciones de derechos humanos contra manifestantes.
