Una encuesta de Ipsos publicada este jueves mostró que el 60% de los chilenos estaba a favor de iniciar el proceso de juicio político contra el presidente Sebastián Piñera por los oscuros acuerdos por los que su nombre terminó incluido en los llamados Pandora Papers.
Consultadas sobre si estaban a favor de la acusación ante el Congreso presentada por un grupo de legisladores contra el jefe de Estado por haber “violado el principio de probidad” comprometiendo “el honor de la patria”, el 60% de las personas se mostraron a favor de las acciones, reveló el estudio.
La mayoría de las personas a favor del proceso eran adultos jóvenes mayores de 30 años, dijo Ipsos. Además, el 63% respondió que le parecía muy importante que el Congreso investigara la participación del presidente en los hechos descritos en los Pandoira Papers y el 37% estuvo de acuerdo en que su destitución sería buena para Chile.
Los Pandora Papers detectaron que los negocios de Piñera incluían la venta de una empresa minera a través del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Legisladores de la oposición habían recolectado firmas para iniciar el juicio político y se espera una votación del Congreso sobre el tema en las próximas semanas.
Mientras tanto, Piñera ha presentado su defensa por escrito ante el Congreso cerca de la medianoche del jueves, cumpliendo así el plazo de 10 días hábiles. La Cámara Baja controlada por la oposición votará el 8 de noviembre si aprueba o rechaza la acusación.
Si le da luz verde, el caso iría ante el Senado, donde hay un mayor equilibrio de fuerzas entre el partido gobernante y la oposición, que tendría que actuar como jurado.
Según una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, parte de los Pandora Papers del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una empresa de los hijos del presidente vendió Minera Dominga al empresario Carlos Alberto Délano, amigo íntimo de Piñera, por US $ 152. millones, a través de un acuerdo parcialmente sellado en las Islas Vírgenes Británicas.
El pago de la operación debía realizarse en tres cuotas y contenía una polémica cláusula que condicionaba el último pago a no establecer un área de protección ambiental sobre el área de operaciones mineras, según alegan grupos ambientalistas.
El negocio se llevó a cabo en 2010, durante el primer mandato de Piñera como presidente (2010-2014), quien no hizo nada para proteger la zona.
Piñera, uno de los hombres más ricos de Chile, afirmó que había dejado la administración de sus empresas en 2009, antes de asumir su primer mandato, por lo que no participó en la venta de Dominga. Ahora está completando su segundo mandato y, a menos que sea destituido, permanecerá al frente de La Moneda hasta el 11 de marzo de 2022.
Algunos legisladores habían intentado destituir a Piñera en 2019 tras la represión contra los manifestantes durante los levantamientos de ese año, pero sin éxito.