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Exlíder de las FARC no fue arrestado en México, solo deportado
Si alguna vez es arrestado, una sentencia de 35 años de cárcel espera a Granda en Paraguay El exlíder guerrillero colombiano Rodrigo Granda, a quien se le negó la entrada a México el martes, fue deportado a su país natal. Explicó que nunca había estado detenido.
Al regresar al aeropuerto Eldorado de Bogotá, Granda dijo que “algunas personas muy influyentes del gobierno colombiano” habían activado una orden para su captura en manos de Interpol.
Granda insistió en que todo fue una maniobra contra el tratado de paz que él y otros líderes de las FARC firmaron con el entonces presidente Juan Manuel Santos en 2016 en La Habana, Cuba.
El líder guerrillero colombiano sigue siendo buscado en Paraguay por su presunta participación desde un punto de vista intelectual y logístico en el secuestro y posterior homicidio de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas, y dicho proceso judicial no se encuentra amparado por cláusulas de protección derivadas del acuerdo con Santos.
De hecho, en Estados Unidos, los líderes de las FARC continúan vinculados a decenas de investigaciones por narcotráfico y secuestro, a pesar de que el Gobierno de Estados Unidos ha impulsado las negociaciones de paz en 2016.
De acuerdo con el Tratado de Paz, se creó el llamado Tribunal JEP para atender los casos de terrorismo que involucran a miembros de las FARC. Fue la JEP quien había autorizado a Granda a ir a México a un evento académico en el que iba a dar una conferencia sobre el Proceso de Paz colombiano, que le valió el Premio Nobel de la Paz a Santos en 2016.
El Gobierno colombiano ha negado cualquier conexión con lo ocurrido a Granda en México y explicó que las órdenes de captura de Interpol son procesadas de forma independiente por cada país.
El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que Granda había sido detenido debido a una alerta roja en su contra desde Paraguay “por secuestro, asociación delictiva y homicidio intencional”, que estaba más allá de las autoridades colombianas “modificar, aclarar o cancelar”.
La ONG Human Rights International también había subrayado que Granda nunca había sido arrestado, sino que se le había negado la entrada a México y que, a pesar de la alerta roja en su contra, pronto estaría de regreso en Colombia en un vuelo de Avianca. Según informes de prensa, el ingreso de Granda había sido denegado mediante un decreto presidencial firmado por el propio Andrés Manuel López Obrador.
Horas antes, miembros del Partido Comunes del que Granda es miembro, habían publicado en las redes sociales sobre la situación poco clara del militante, pero luego confirmaron que lo acababan de enviar de regreso a casa.
Cecilia Cubas Gusinky, de 31 años, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas Grau, fue encontrada muerta en 2004 después de 5 meses de secuestro. Detectives paraguayos siempre han señalado a las FARC. Se ha emitido una orden de arresto contra Granda desde 2008.
La víctima había sido secuestrada el 21 de septiembre de 2004 por miembros del brazo armado del Partido Patria Libre, que se autodenominaba Ejército Popular Paraguayo (EPP), grupo delictivo que comenzó como atracadores de bancos. Después de su secuestro, Cubas Gusinky pasó cinco meses en cautiverio, tiempo durante el cual, según los informes, la familia se negó a pagar un rescate, por lo que fue asesinada.
Su cuerpo fue encontrado el 16 de febrero de 2005, enterrado en una fosa cubierta con cemento, durante un allanamiento a una propiedad en el barrio Mbocayaty de la ciudad de Ñemby, luego de que vecinos denunciaran hechos extraños.
Las pruebas forenses demostraron que había sido torturada e incluso colocada en su tumba mientras aún estaba viva, aproximadamente en diciembre de 2004.
Granda ha sido vinculado a este caso debido a información encontrada en la computadora del ex comandante de las FARC Raúl Reyes, quien murió durante un bombardeo de las milicias regulares de Colombia en la frontera con Ecuador durante el mandato del ex presidente Álvaro Uribe.
Los datos en ese disco duro ubicaron al fundador del Partido Patria Libre, Osmar Martínez, junto a otros líderes de su grupo en Venezuela, donde supuestamente se reunieron con Granda, quien les asesoró sobre cómo llevar a cabo el crimen. Martínez ha muerto en prisión, mientras que los otros líderes han solicitado asilo en Finlandia.
Si alguna vez es arrestado, una sentencia de 35 años de cárcel espera a Granda en Paraguay.
