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CPI de Brasil: 10 cargos penales contra Bolsonaro por la crisis del COVID-19
La CPI votará sobre este informe el 26 de octubre. El senador brasileño Renan Calheiros, relator de la Comisión Parlamentaria de la Cámara Alta (CPI) que investiga al presidente Jair Bolsonaro por su manejo de la pandemia de COVID-19, anunció este miércoles que se presentarían 10 cargos penales contra el jefe de Estado.
La CPI emitió este miércoles un informe oficial en el cual Bolsonaro es presuntamente responsable de crímenes de lesa humanidad por cómo manejó la pandemia, resultando en muerte, charlatanería, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de fondos públicos, prevaricación, violaciones de derechos sociales, incompatibilidad con la dignidad, honor y decoro del cargo, y violaciones de las medidas preventivas de salud.
Calheiros, también solicitó que la investigación sea sometida a la Corte Penal Internacional (CPI).
El informe final de la CPI también recomienda que otras 65 personas sean acusadas de una variedad de presuntos delitos que van desde la incitación al crimen hasta la formación de una organización criminal. Los hijos de Bolsonaro, Flavio, Eduardo y Carlos están en la lista, junto con los ministros actuales y anteriores, así como otros altos funcionarios, entre ellos el exministro de Salud Eduardo Pazuello y el actual Marcelo Queiroga, además del ministro de Defensa, Walter Braga Netto. También aparecen en la lista congresistas, blogueros, asesores médicos y empresarios.
Una de las principales conclusiones del documento de 1.180 páginas es que el gobierno brasileño, “omitió y optó por actuar de manera no técnica e imprudente en la lucha contra la pandemia… exponiendo deliberadamente a la población a un riesgo concreto de infección masiva.”
El informe también presenta una serie de elementos para que el Congreso los debata, como la penalización de las noticias falsas, la pensión de orfandad, la jubilación anticipada causada por COVID-19 y un límite de tiempo de 60 días para que el Congreso revise las solicitudes de juicio político contra Bolsonaro.
Inicialmente, también se esperaba que el informe incluyera cargos de homicidio y genocidio contra pueblos indígenas, pero el comité finalmente decidió retirarlos. Según algunos informes, los cargos fueron descartados ante la oposición de algunos miembros del comité, quienes sostuvieron que tales afirmaciones podrían socavar la credibilidad del informe.
Ahora se espera que los 11 miembros del comité debatan y voten sobre el informe el 26 de octubre. El documento aún puede ser alterado o vetado durante la votación. Si pasa esa fase, el documento se entregará al fiscal general de Brasil, Augusto Aras, quien fue designado por Bolsonaro en septiembre de 2019, y aún no está claro si seguirá adelante con una acusación.
Más de 600.000 personas han muerto en Brasil por COVID-19 desde febrero de 2020. El brote de Brasil ha sido considerado uno de los peores del mundo, solo superado por el de EE. UU.
