La oposición chilena acordó este martes buscar la destitución del presidente Sebastián Piñera luego de que el nombre del jefe de Estado saliera a la luz en el informe Pandora Papers, que menciona a líderes políticos y celebridades de todo el mundo que tienen o han tenido inversiones en paraísos fiscales.
Las transacciones de dinero en estos países no son ilegales en sí mismas, pero la evasión fiscal que suelen conllevar sí lo es, advirtió el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) que redactó los Pandora Papers.
Los diputados de la oposición chilena acordaron el martes que los negocios personales de Piñera y su papel como jefe de Estado mostraban un conflicto de intereses que vale la pena investigar.
En cuanto a Piñera, los Pandora Papers han destapado una cláusula en la venta de 2010 de la mina Dominga por US $ 152 millones entre la familia Piñera y su mejor amigo Carlos Alberto Délano en las Islas Vírgenes Británicas. Délano fue condenado en 2018 por un delito fiscal y financiación ilegal de líderes y organizaciones políticas.
Estos intereses pudieron haber influido en que el gobierno de Piñera no declarara santuario de la naturaleza a la comuna de La Higuera, donde vive el 80% de la población de pingüinos Humboldt, junto con delfines, ballenas y aves, uno de los ecosistemas más ricos del planeta, según los legisladores chilenos.
Por tanto, todas las fracciones políticas coincidieron en que Piñera podría haber “violado el principio de probidad, que se establece en el artículo octavo (de la Constitución)”, explicó el socialista Jaime Naranjo.
El Gobierno y el propio presidente han desmentido el vínculo entre su familia y la venta de Dominga, argumentando que para entonces, Piñera desconocía las operaciones que se realizaban bajo el fideicomiso ciego en el que se administran sus bienes.
La presidencia sostuvo que la transacción se realizó en las Islas Vírgenes Británicas con el fin de facilitar el acceso a los mercados de capitales especializados en instrumentos emitidos por empresas mineras, como la Bolsa de Valores de Toronto.
La Fiscalía de Chile también ordenó una investigación separada sobre el asunto.
Más de once millones de documentos confidenciales se revelaron en los Pandora Papers, que proporcionaron información sobre la suerte de muchas personas influyentes en el mundo.
Para que el juicio político surta efecto, se requiere una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Como resultado, Piñera sería destituido o inhabilitado para ocupar un cargo público.
La venta bajo investigación tuvo lugar durante el primer período presidencial de Piñera. “Los hechos mencionados en ese informe no son nuevos, fueron conocidos públicamente por los medios de comunicación en el año 2017 y también fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales de justicia”, ha dicho Piñera.
El mandatario chileno es uno de los tres jefes de estado latinoamericanos en funciones cuyos nombres aparecieron en los Pandora Papers. Los otros dos son Guillermo Lasso de Ecuador y Luis Abinader de República Dominicana.