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CPI de Brasil presentará cargos contra Bolsonaro y algunos de sus asesores
Hay más de 120 solicitudes de juicio político contra Bolsonaro archivadas por el presidente de la Cámara Baja. La Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) de Brasil, que profundiza en la gestión del Gobierno de la pandemia de COVID-19, anunció este martes que acusaría al presidente Jair Bolsonaro y a miembros de su gabinete de “crímenes de lesa humanidad” e incluso “genocidio” de pueblos indígenas.
El relator de la CPI, Renan Calheiros, anunció que próximamente se dará a conocer el informe final con base en documentos de decenas de funcionarios, empresarios y testigos.
Calheiros también dijo que se imputará a ministros y personas que actuaron en el “gabinete del odio” alentando el uso de hidroxicloroquina contra el COVID-19 mientras realizaban otras supuestas maniobras irregulares en la compra de insumos.
“Usaremos los tipos delictivos como el delito común, además de los delitos de responsabilidad, el delito contra la vida, contra la humanidad y en este momento estamos evaluando qué hacer en relación con los pueblos indígenas y el genocidio”, dijo Calheiros.
La CPI no tiene facultades judiciales, por lo que posiblemente sus conclusiones sean entregadas a la Fiscalía y a la Cámara de Diputados, que podrá iniciar un procedimiento de destitución contra el presidente.
El titular de la Cámara Baja, Arthur Lira, conocido bolsonarista, no autorizó la apertura a juicio político a pesar de que hasta el momento se han presentado más de 120 solicitudes.
La CPI está compuesta por senadores de diversos orígenes ideológicos, pero en su mayoría opositores al gobierno.
El presidente Bolsonaro se había opuesto a la creación del CPI, que funciona desde abril. Su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, encabeza un grupo de parlamentarios que podrían publicar un informe final propio, paralelo al de Calheiros.
La CPI también dictaminó este martes que el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, debe comparecer para informar en un plazo de 48 horas sobre las medidas relativas a la vacunación en 2022. El viceministro de Salud, Rodrigo Otavio Cruz, ha dicho que el Ministerio carecía de recursos para continuar la inmunización en 2022 con la aplicación de terceras dosis.
Queiroga llegó a Brasil el lunes después de pasar dos semanas en cuarentena en Nueva York donde dio positivo por coronavirus, durante la visita que realizó con Bolsonaro. La CPI también pidió el martes a Queiroga que explicara por qué descartó comprar más vacunas chinas Coronavac fabricadas en el Instituto Butantan del gobierno de São Paulo.
La semana pasada, Bolsonaro volvió a cuestionar la eficacia de las vacunas y dijo que habría “intereses” económicos detrás de quienes proponen que se refuerce la vacunación el próximo año. Bolsonaro ha criticado especialmente la droga Coronavac además de levantar sospechas de que China creó artificialmente la COVID-19 como parte de una “guerra bacteriológica”.
La crisis del COVID-19 ya ha costado la vida a unos 600.000 brasileños.
El presidente del CPI, Omar Aziz, también explicó este martes que la fase de interrogatorios concluirá el jueves y que, a partir de ese momento, Calheiros ajustará el informe final, que deberá ser entregado el 19 de octubre y votado al día siguiente.
En caso de ser aprobado por mayoría simple por los once miembros de la comisión, el informe se enviará a la Fiscalía General, el Tribunal de Cuentas y demás órganos encargados de fiscalizar la actuación del Gobierno.
Según Calheiros, unas 30 personas deben ser acusadas de diversos delitos, aunque por ahora se negó a revelar los nombres de los involucrados. Sin embargo, admitió que la lista sería encabezada por el propio Bolsonaro.
Lo más probable es que el exministro de Salud Eduardo Pazuello también esté en esa lista, junto con otros funcionarios que apoyaron un tratamiento a base de cloroquina y otras drogas sin efectos probados contra el coronavirus en hospitales públicos, se informó.
La aprobación del informe de Calheiros se da casi por sentada, ya que siete de los once integrantes de la CPI están claramente alineados con la oposición y han expresado reiteradamente su posición contra la gestión del Gobierno de la pandemia.
