La Corte Suprema de Argentina votó el jueves a Horacio Rosatti como su nuevo presidente, mientras que el actual titular, Carlos Rosenkrantz, ocupará la vicepresidencia del cuerpo, se anunció.
Tanto Rosatti como Rosenkrantz fueron nombrados por el ex presidente Mauricio Macri. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia es cuarto en la línea de la Presidencia argentina en caso de vacante. Rosatti encabezará una de las tres ramas del gobierno durante los próximos tres años. El mandato de Rosenkrantz vence el próximo jueves 30 de septiembre.
Además de su propio voto y el de Rosenkrantz, Rosatti obtuvo una mayoría decisiva de tres votos después de que el juez Juan Carlos Maqueda se apartara de su alineación histórica con el ex presidente del Tribunal Supremo Ricardo Lorenzetti, quien no participó en la votación virtual, a lo que adhirió luego la jueza Elena Highton de Nolasco.
Con sólo tres magistrados, Maqueda nominó a Rosatti y Rosenkrantz para los dos puestos a cubrir y ambos aceptaron su idea votando por ellos mismos.
A diferencia de cuando Lorenzetti presidió la Corte, sus sucesores no tienen el mismo poder entre sus colegas. Los fallos requieren tres de los cinco votos y es poco probable que Rosatti cuente con el respaldo de Lorenzetti, quien se cree que controla una mayoría judicial junto con Highton y Maqueda.
Rosatti es una especialista en Derecho Constitucional de la ciudad de Santa Fe. Se desempeñó como ministro de Justicia entre 2004 y 2005 bajo la presidencia de Néstor Kirchner y fue designado por Macri para ocupar el máximo tribunal junto con Rosenkrantz.
El futuro presidente de la Corte Suprema también fue miembro de la Asamblea Constituyente encargada de reformar la Constitución nacional en 1994.
Rosatti, de 65 años, es un político, escritor, profesor universitari y tiene un doctorado. en Ciencias Jurídicas y Sociales, además de un Máster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental. Actualmente encabeza la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
En 1995 fue elegido alcalde de la ciudad de Santa Fe. En 2003 fue designado Fiscal General del Tesoro Nacional, siendo el titular de la defensa legal del Estado argentino frente a las reclamaciones tramitadas por inversionistas extranjeros ante tribunales arbitrales internacionales luego de la crisis económica de 2001.
En esa oportunidad, argumentó que los laudos arbitrales emitidos por tribunales ad hoc no podían prevalecer sobre la Constitución Nacional y que los tribunales nacionales estaban facultados para revisar tales decisiones si violaban los principios del derecho público nacional.