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Un estudio muestra que la minería ilegal en Brasil va en aumento
El garimpo se está extendiendo a un ritmo sin precedentes Un informe científico difundido este lunes por la organización MapBiomas mostró que el 65% de las actividades mineras realizadas en la cuenca del Amazonas brasileño no eran legales.
MapBiomas también informó que la minería ilegal en Brasil había crecido un 495% entre 2010 y 2020.
Garimpo es la palabra técnica en portugués para la minería artesanal y los trabajadores que la realizaron se conocen como garimpeiros. La actividad se ha quintuplicado en tierras indígenas y ha crecido un 301% en áreas de conservación, según MapBiomas.
El estudio también señaló que la minería se había extendido a una superficie de 6.500 hectáreas por año en la década comprendida entre 2010 y 2020, mientras que entre 1985 y 2009, el uso promedio anual era de 1.500 hectáreas.
El informe de MapBiomas también destacó que más del 72% de las áreas de extracción a nivel nacional estaban en tierras amazónicas y que, de toda la minería en la selva más grande del planeta, el 67,6% era ilegal.
Se considera que el garimpo es una de las principales causas de deforestación. Otra consecuencia adversa de esta práctica es la contaminación de las cuencas hidrográficas con productos químicos.
Según este informe de MapBiomas, el 97,3% de toda la minería ilegal en Brasil ocurre en lo que se considera el pulmón vegetal del mundo, una región que también representa casi la mitad (49,2%) de la actividad extractivista industrial legal.
Los datos de MapBiomas provienen de imágenes satelitales e inteligencia artificial, que se emplearon para el estudio de la evolución de la minería en Brasil entre 1985 y 2020.
Esta iniciativa multidisciplinaria, en la que participan varias ONG, universidades y empresas de tecnología, reveló que durante esos 36 años el área ocupada por la minería en Brasil creció más de seis veces, saltando de 31.000 hectáreas en 1985 a 206.000 hectáreas en 2020.
En reservas ambientales, el área ocupada por el garimpo creció un 301% entre 2010 y 2020, mientras que en esa década el avance de la minería ilegal en territorios indígenas fue del 495%, afectando principalmente las tierras de las etnias Kayapó, Munduruku y Yanomami, todas ellas ellos en la región amazónica.
Además de estar concentrada en la Amazonía, la minería ilegal ha tenido una fuerte expansión en la última década, con su “récord máximo” entre 2017 y 2020, debido a la fiebre del oro y a los altos precios del metal precioso.
La superficie utilizada por el garimpo el año pasado superó en casi un 10% la superficie asociada a la minería industrial (107.800 hectáreas frente a 98.300 hectáreas, respectivamente).
Si bien la expansión de la minería industrial se produjo de manera gradual y continua entre 1985 y 2020 - a un ritmo de unas 2.200 hectáreas cada año - con el garimpo la situación fue diferente.
Entre 1985 y 2009 la tasa de crecimiento de la minería ilegal fue baja, alrededor de 1.500 hectáreas por año, pero a partir de 2010 la tasa de expansión se cuadruplicó a 6.500 hectáreas por año, un crecimiento que coincide con el avance del garimpo en áreas de conservación de la Amazonía.
“Cuando cruzamos la información sobre el área de explotación minera en Brasil con reservas indígenas y unidades de conservación [parques nacionales, etc ...], nos sorprendió la cantidad de minería en áreas prohibidas”, explicó el profesor Pedro Walfir. de la Universidad Federal de Pará, uno de los coordinadores del informe.
Según MapBiomas, el 40,7% del área destinada al garimpo, la mayor parte ilegal, se encuentra en unidades de conservación, mientras que el 9,3% está en tierras indígenas, donde es completamente ilegal.
Ocho de las diez áreas de conservación más afectadas por el garimpo, la gran mayoría de las cuales son de oro, también se encuentran en Pará. Los garimpeiros suelen utilizar mercurio para separar las partículas del oro, lo que provoca una gran contaminación en los ríos.
Estos datos sobre la minería ilegal son un nuevo ejemplo de la aceleración del deterioro ambiental en Brasil desde la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro, especialmente en relación al avance de la deforestación y los incendios forestales. Las actividades agrícolas y mineras, y sus aliados agroindustriales en el Congreso están acelerando la tramitación de proyectos que los indígenas y ambientalistas ven como amenazas a tierras ancestrales y áreas protegidas. Uno de ellos, propuesto por el gobierno, busca autorizar actividades mineras y extractivas en reservas indígenas.
La semana pasada, miles de indígenas acamparon en Brasilia para protestar contra la “agenda anti-indígena” de Bolsonaro y marcharon hacia el Tribunal Supremo Federal (STF), que analiza un caso clave sobre los derechos a sus tierras ancestrales. El llamado “juicio del siglo” sobre el derecho de los pueblos indígenas a ocupar y preservar sus tierras ancestrales, que les fue asegurado en la Constitución brasileña de 1988, se reanudará esta semana.
