Además de arrestar en los últimos dos meses a casi todos los políticos de la oposición que pudieran desafiar la búsqueda del presidente Daniel Ortega de otro mandato en las próximas elecciones del 7 de noviembre, el régimen nicaragüense este fin de semana allanó la redacción de La Prensa y detuvo a su gerente general.
Juan Lorenzo Holmann Chamorro fue puesto bajo custodia el sábado por los presuntos delitos de estafa aduanera y lavado de activos, entre otros cargos. La Prensa dejó de circular el viernes.
Holmann se unió a una treintena de líderes de la oposición y profesionales independientes apresados desde mayo, incluidos siete aspirantes a la presidencia.
Horas antes de informar sobre la detención de Holmann, la Policía Nacional reforzó su presencia con agentes antidisturbios en la sede del influyente diario La Prensa, que ya tenía cortado el suministro eléctrico, la conexión a internet y los servidores, según sus trabajadores.
Antes de enterarse del arresto de Holmann, varios activistas, así como organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, expresaron su preocupación por el caso de La Prensa.
Entre los que alzaron la voz se encontraban la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro; el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore; la Fundación de Derechos Humanos Bianca Jagger y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
La Prensa fue fundada en 1926 y jugó un papel destacado en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza en la que su editor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (1924-1978) perdió la vida y es considerado un héroe nacional. Su viuda Violeta Barrios de Chamorro derrotó a Ortega en las elecciones presidenciales de 1990.
El viernes, la policía nicaragüense allanó el edificio de La Prensa y ha montado guardia alrededor de él desde entonces.
Ortega, de 75 años, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), acusa a sus opositores de traición y de promover sanciones contra el país. Su gobierno ha sido sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por violar los derechos humanos y por aplastar las manifestaciones en su contra desde las protestas de 2018.
Un día antes de las represalias del gobierno, La Prensa había informado que las acciones llevadas a cabo por la “dictadura de Ortega” les habían dejado sin papel para imprimir su publicación diaria, mientras que cuentas en redes sociales progubernamentales mostraron fotos del almacén del periódico que supuestamente probaba que había abundante material para imprimir. Sin emabrgo, el personal de La Prensa afirmó que la cantidad de rollos de papel no era suficiente ni para una edición.
Una situación similar ya terminó con la aparición de Nuevo Diario en septiembre de 2019, también después de denunciar un bloqueo en aduana a la importación de papel.
Fuentes sindicales estiman que al menos 20 medios independientes han desaparecido por incautaciones o medidas similares bajo el gobierno de Ortega.