MercoPress. South Atlantic News Agency
Gobierno uruguayo jugó un papel clave en la detención de ex terroristas de ETA, según documentos de EE. UU.
De los 30 vascos detenidos en Montevideo en la década de 1990, solo 3 fueron extraditados a España. El Gobierno uruguayo del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera jugó un papel estratégico en la detención española de ex miembros del grupo terrorista vasco ETA, según documentos desclasificados durante el fin de semana.
Un documento fechado el 1 de julio de 1992 desclasificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos acredita la participación de funcionarios uruguayos del gobierno del padre del actual mandatario en la detención de 30 presuntos ex miembros de la organización ETA.
El documento desclasificado por Estados Unidos muestra que el secretario de Seguridad de España, Rafael Vera, bajo el presidente del gobierno español Felipe González Márquez (1982-1996), había presionado a varios estados latinoamericanos para lograr la detención de presuntos miembros de ETA.
En ese escenario, Uruguay había detenido a 30 vascos residentes en Montevideo, en lo que se consideraba “el mayor operativo contra ETA en el exterior” a excepción de Francia.
Los cargos luego perdieron consistencia, Uruguay procesó solo a 13 de los sospechosos, España solicitó la extradición de ocho de ellos pero los tribunales del país sudamericano accedieron a sólo tres de esos pedidos, según el documento.
Tras su arresto, los vacos realizaron una huelga de hambre para respaldar su demanda de asilo político y varios seguidores se reunieron ante el hospital de Montevideo donde estaban siendo atendidos, lo que provocó enfrentamientos con la policía que dejaron dos manifestantes muertos el 24 de agosto de 1994.
Los funcionarios del Departamento de Estado habían sido informados de que los miembros de ETA estaban “buscando refugio en otros países, especialmente en América Latina ', por lo que el Ejecutivo del PSOE' había llegado a la conclusión de que valían la pena un buen golpe'”.
Otros informes, según los cuales la Policía de Uruguay había recibido 4.000 pistolas de España como compensación por su asistencia, no fueron corroborados por el documento recién revelado.
