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El STF de Brasil pone al presidente Bolsonaro bajo investigación por dudar del sistema de votación electrónica
Bolsonaro ha insistido en que los jueces no lo intimidarán El Tribunal Federal Superior de Brasil (STF) dictaminó este miércoles que el presidente Jair Bolsonaro debía ser investigado por presunta “difamación” e “incitación al delito” cuando expresó su preocupación por la confiabilidad del sistema de votación electrónica.
El STF tomó su decisión ante la solicitud presentada este lunes por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que también abrió una investigación contra Bolsonaro por suscitar dudas sobre la celebración de elecciones en 2022 ante posibles fraudes mediante el mecanismo electrónico.
El presidente, agotado por su caótica gestión de la pandemia, es también objeto de otra investigación por “prevaricación” bajo la sospecha de que no denunció un intento de corrupción en las negociaciones para la compra de la vacuna india Covaxin.
Bolsonaro, que busca la reelección en 2022, ha cuestionado durante años la confiabilidad de las urnas electrónicas, vigentes desde 1996.
El juez del STF Alexandre de Moraes citó entre las causas de la denuncia de este miércoles la transmisión en vivo por Facebook el jueves pasado, cuando Bolsonaro afirmó que hubo fraude en las dos últimas elecciones presidenciales y que debería haber ganado en la primera vuelta en 2018.
De Moraes decidió así incluir a Bolsonaro en la investigación abierta en 2019 por el STF sobre noticias falsas, delitos y amenazas a varios jueces. “A partir de información falsa, repetida reiteradamente por las redes sociales y similares, se formula una narrativa que deslegitima las instituciones democráticas y alienta a grupos de simpatizantes a atacar a las personas que representan a las instituciones”, escribió De Moraes.
Tres de los once jueces del STF, incluido De Moraeas, también son jueces del TSE.
El martes, Bolsonaro afirmó que “no aceptará intimidaciones”, refiriéndose a las medidas adoptadas por la justicia electoral. “No aceptaré la intimidación. Seguiré ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión, a criticar, escuchar y atender, sobre todo, a la voluntad popular”, dijo el mandatario a un grupo de seguidores en las puertas del Palacio da Alvorada, su residencia oficial en Brasilia.
La ofensiva de Bolsonaro contra el sistema electoral se produjo en un momento en que su popularidad está menguando y las encuestas predicen su derrota contra el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
La propuesta del presidente no es volver a la votación en papel, sino que se imprima un recibo después de cada voto en la urna electrónica, para que puedan contarse manualmente. Miles de personas se manifestaron el domingo pasado en varias ciudades de Brasil para apoyar la iniciativa de Bolsonaro. Incluso después de ser elegido, Bolsonaro ha hecho repetidas declaraciones durante los últimos tres años que ponen en duda la equidad del proceso electoral.
La investigación de noticias falsas se abrió en marzo de 2019 según una decisión del entonces presidente del Tribunal Supremo Dias Toffoli. El juez de Moraes es el relator de esta investigación y optó por incluir a Bolsonaro por sus infundados ataques al sistema electoral.
”Como resultado de la conducta del Presidente de la República, se observó el mismo modus operandi de difusión utilizado por la organización criminal investigada en ambas investigaciones, con intensas reacciones a través de redes virtuales, predicando discursos de odio y contrarios a las instituciones, al Estado de Derecho y Democracia, incluyendo la defensa absurda e inconstitucional de la ausencia de elecciones en 2022. A partir de declaraciones falsas, repetidas reiteradamente a través de medios sociales y similares, se formula una narrativa que, al mismo tiempo, deslegitima las instituciones democráticas y alienta a grupos de simpatizantes a atacar personalmente a las personas que representan a las instituciones, buscando su destitución y reemplazo por otras alineadas con el grupo político del presidente”, sostuvo el magistrado.
De Moraes ha dado un plazo de cinco días para que la Procuraduría General de la República (PGR) se exprese al respecto. También ha pedido la citación como testigos del ministro de Justicia Anderson Torres y del coronel Eduardo Gomes da Silva, asesor de la Casa Civil, ya que estuvieron junto a Bolsonaro durante su transmisión en Facebook.
