Nueve personas murieron el lunes luego de que hombres armados irrumpieran en una casa rural de una finca de café del municipio de Algeciras, en el suroeste de Colombia, y acabaron con la vida de ocho hombres y una mujer, informó la Defensoría del Pueblo. Las víctimas eran recolectoras de café, según se informó.
La ONG Indepaz también reveló que la misma finca ya había sido atacada el año pasado cuando murieron siete personas, incluidos dos niños. Indepaz informó dijo que después de las acciones del lunes, el número total de asesinatos similares llegó a 41.
La zona es campo de batalla de disidentes del acuerdo de paz firmado por la guerrilla de las FARC en 2016, bandas de narcotraficantes y guerrillas del ELN que luchan por los ingresos del narcotráfico.
La región también se ha visto afectada por el estallido social que sacude al país desde hace un mes y que deja al menos 59 muertos y por el que el Gobierno del presidente Iván Duque debe testificar ante el Parlamento.
Además de las marchas masivas lideradas por jóvenes que protestan contra la brutalidad policial y exigen un estado más solidario ante los estragos económicos de la pandemia, el país está experimentando un fuerte repunte de la violencia en las zonas rurales. Duque, culpa a los grupos que se financian por el narcotráfico y la minería ilegal.
Mientras tanto, el ministro del Interior, Daniel Palacios, y la canciller Marta Lucía Ramírez, comparecerán este martes ante el Senado para dar cuenta de los recientes casos de violencia y abusos.
Palacios, será interrogado sobre las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden público en el contexto de las manifestaciones que sacuden al país desde el 28 de abril y sobre las acciones emprendidas a raíz de esos hechos para prevenir cualquier repetición, así como sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 en materia de diálogo social y seguridad.
Por su parte, Ramírez va a responder por la condena global a las acciones del gobierno y sus consecuencias..
Después de más de un mes de protestas, varias organizaciones de derechos humanos han registrado, además de las muertes, miles de heridos, detenciones arbitrarias, desapariciones y violaciones, todas perpetradas por agentes del orden, en particular el infame Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad ).