El informe fue presentado por el Secretario de Estado Antony Blinken en la Casa Blanca.
El Departamento de Estado de Estados Unidos fue particularmente crítico con Argentina en su informe anual sobre el estado de los derechos humanos en el mundo en 2020, publicado el martes.
El documento, presentado por el Secretario de Estado Antony Blinken en la Casa Blanca, menciona “instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado” y cuestiona la “falta de implementación efectiva” de las leyes para prevenir y sancionar actos de corrupción.
Un poder judicial subordinado a los intereses políticos también fue señalado como una causa del fracaso sistemático del país para frenar este problema durante décadas, pero los tres poderes “participaron en prácticas corruptas con impunidad, lo que sugiere una falta de eficacia en la aplicación de la ley”.
“Según las ONG locales, los jueces de algunos tribunales penales ordinarios y federales a veces fueron sometidos a manipulación política”.
El informe también cita investigaciones contra figuras políticas como la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el expresidente Mauricio Macri.
El documento presta especial atención a lo que se conoció como el “caso de los cuadernos” en el que la expresidenta CFK y otras 52 personas, entre ellas sus hijos, “fueron acusadas de recibir sobornos, pagar sobornos o ambos en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015”.
Macri fue investigado por presunto espionaje ilegal durante su administración.
En este informe tuvo un papel destacado el exministro de Planificación Julio De Vido, quien fue “sentenciado a cinco años y ocho meses [de cárcel] por fraude, malversación de fondos y falta de supervisión relacionada con un accidente de tren en 2012 que mató a 52 personas”.
El primer informe de este tipo elaborado bajo la presidencia de Joseph Biden también destacó la extorsión y la protección de los involucrados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y la promoción de la prostitución en los tribunales provinciales y federales ”.
En materia de derechos humanos, el documento habla de ”varios informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales“. Y ”el hacinamiento en las cárceles sigue siendo un problema”, con “hacinamiento, mala atención médica y malas condiciones sanitarias.
“El Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial para la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires reportó 134 muertes en 2019 por uso de fuerza injustificada o excesiva por parte de la policía en el área metropolitana de Buenos Aires.
Por su parte, una organización no gubernamental (ONG) nacional informó que hubo 401 muertes en 2019 a manos de las fuerzas policiales. Ambas entidades que las investigaciones sobre la violencia policial y el uso de fuerza letal en la provincia eran limitadas”.
Transparencia Internacional también llamó la atención sobre el llamado escándalo de vacunación VIP, un esquema por el cual los funcionarios del gobierno y sus aliados obtuvieron acceso prioritario a los inmunizaantes del coronavirus en lugar de las personas que realmente lo requerían.
El informe también señaló que “hubo denuncias de desapariciones por parte de las fuerzas de seguridad o en su nombre durante el año” y entre los casos menciona el de Facundo Astudillo Castro, quien ”desapareció el 30 de abril mientras hacía autostop a aproximadamente 120 kilómetros de su casa a Bahía Blanca, poco después de que la policía lo detuviera por violar la cuarentena COVID-19. ″
El documento también cita a la Defensoría del Pueblo Penitenciario (PPN), organismo gubernamental independiente que monitorea las condiciones carcelarias, que “reportó 427 casos de tortura o malos tratos en 2019. A junio, había registrado 87 casos”, mientras que “la impunidad continúa. un problema importante en las fuerzas de seguridad a todos los niveles ”.
Por otro lado, el documento señala que el gobierno “en general observa” los requisitos que prohíben los arrestos y detenciones arbitrarias y afirmó que “la policía generalmente detuvo a las personas abiertamente con órdenes judiciales basadas en pruebas suficientes y emitidas por un funcionario debidamente autorizado”.
Además, menciona que “la ley establece un poder judicial independiente, pero los funcionarios gubernamentales en todos los niveles no siempre respetan la independencia e imparcialidad judicial.
El informe fue particularmente severo con el poder judicial, citando “largas demoras, retrasos procesales, largas brechas en el nombramiento de jueces permanentes, apoyo administrativo inadecuado y la ineficiencia general obstaculizaron el sistema judicial”.
”La amplia discreción de los jueces (...) a la percepción pública de que muchas decisiones fueron arbitrarias“, prosiguió.
En una nota más positiva, el informe también destacó que ”no hubo informes de presos o detenidos políticos“ y que el gobierno respetó la libertad en Internet, la libertad de reunión y asociaciones pacíficas al tiempo que ”protestas antigubernamentales a gran escala en Buenos Aires y en todo el país ... se llevaron a cabo sin incidentes“.
En cuanto a la libertad de prensa, el documento reconoció que ”los medios independientes se mantuvieron activos y expresaron una amplia variedad de puntos de vista sin restricciones“, pero ”hubo informes de agresiones físicas, amenazas y hostigamiento contra periodistas”.
El informe fue presentado por el Secretario de Estado Antony Blinken en la Casa Blanca. 
