La jueza federal de los Estados Unidos Loretta A. Preska, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, falló el martes en contra de Argentina y a favor de los demandantes con respecto al manejo por parte del país sudamericano de los índices oficiales sobre las que se medirían las ganancias de los bonistas.
Preska reconoció que pudo haber habido mala fe por parte de las cifras del INDEC del país publicadas en 2013 y que fueron relevantes para las transacciones financieras. INDEC significa Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Preska determinó que los reclamos de Aurelius Capital Investment habían sido fundamentados y que era probable que el gobierno de Argentina se hubiera entrometido con las cifras oficiales para evitar el pago de una bonificación basada en el PIB.
A pesar de haber desestimado el grueso de la denuncia el año pasado, Preska dictaminó que Argentina no puede ignorar el pago de los intereses sobre el cupón del PIB a los acreedores según lo acordado.
Según la magistrada, Argentina actuó de “mala fe” en 2014 al alterar la medición del cupón del PIB de 2013. Preska señaló que era ilegal la modificación del cálculo realizado por Argentina para estimar el crecimiento de su PIB en 2013, sin perjuicio de que Argentina tenía la facultad de modificar la forma de estimar este indicador, al igual que el resto de los países. .
Aurelius había demandado a Argentina en enero de 2019 en Estados Unidos por 84 millones de dólares. El fondo manifestó entonces que el Gobierno no calculó correctamente los pagos vinculados al PIB por una supuesta manipulación de las cifras del INDEC en 2013.
Estos bonos, emitidos como parte de las reestructuraciones de deuda en 2005 y 2010, otorgaron a los tenedores pagos adicionales basados en el desempeño de la economía.
Se espera que Aurelius solicite una sentencia sumaria, que Preska debería determinar antes del 16 de abril. Si Argentina opta por apelar el fallo de Preska, el caso quedará en manos de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito Sur de Nueva York.
La nueva decisión judicial le costaría a Argentina alrededor de USD 500 millones más los honorarios legales. En tribunales de Londres se están llevando a cabo acciones similares por valor de unos 700 millones de dólares.