Entidades defensoras de la actividad periodística de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina emitieron el martes un comunicado en el que exigen a las autoridades del Mercosur el cese del acoso judicial contra los periodistas.
La Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), el Foro de Periodistas Paraguayos (FOPEP), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública de Uruguay (CAinfo) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), se pronunciaron en defensa de los profesionales que se dedican a la investigación de la corrupción en sus países.
“Nos dirigimos a la Cumbre de Presidentes del Mercosur para solicitarles a los mandatarios un compromiso democrático que visibilice la importancia del periodismo en la lucha contra la corrupción”, pide el comunicado.
Además, denunciaron que “desde diversos sectores del poder político de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina existe un discurso estigmatizante y difamatorio del periodismo con el objetivo de negar el rol de los periodistas de controlar al poder”.
“Como resultado, en cada uno de nuestros países hay varios periodistas, cuyas investigaciones han revelado importantes actos de corrupción pública, a quienes se los acosa judicial y políticamente”, añadieron.
Los gobiernos de estos países son responsables, de acuerdo con esta denuncia, de impulsar “directa o indirectamente” procesos judiciales arbitrarios contra periodistas, lo que definen como “abuso judicial” desde el poder. A este fenómeno se suman, explican las entidades, “campañas en las redes sociales para destruir la reputación profesional y personal de los periodistas y dañar su buen nombre y su credibilidad”.
El discurso de muchos gobiernos en la región “busca deslegitimar la investigación periodística en un claro intento de evitar responder en forma concreta a las denuncias realizadas desde la prensa”, mientras que actores gubernamentales sostienen con dinero estatal los medios que amplifican el acoso contra sus colegas.
Por último, las entidades destacan que los cuatro países han ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, mediante la cual se comprometieron a “respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción”.