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Cómo se combaten las fake news? Gobierno español lo intenta y desata polémica
Desde el gabinete de Pedro Sánchez aseguran seguir las directrices de la UE mientras las asociaciones de la prensa denuncian que no les hayan consultado antes George Orwell alertaba en “1984” sobre un Ministerio de la Verdad que decide si las noticias son ciertas o falsas según los intereses del poder. Setenta y un años después de la publicación de esta novela distópica, la oposición en España acusa al gobierno de coalición progresista entre PSOE y Podemos de instaurar un órgano similar para “controlar a los medios” tras aprobar un protocolo contra las fake news.
Desde el gabinete que dirige el socialista Pedro Sánchez aseguran seguir las directrices de la Unión Europea mientras las asociaciones de la prensa denuncian que no les hayan consultado antes.
Según el gobierno español, este protocolo, que le otorga poder para “monitorizar y vigilar” las campañas de desinformación (y decidir cuáles lo son y cuáles no), obedece a la estrategia europea para “luchar contra las injerencias externas”. La UE aprobó en 2018 un sistema de alerta rápida para detectar mensajes que pretendan desestabilizar su estructura o la de sus estados miembros. El plan es compartir datos y buscar el origen de los ataques para neutralizarlos.
El origen está en 2014 cuando se empezó a hablar de una “guerra híbrida” lanzada desde Rusia en Ucrania, cuya estrategia iba más allá de lo militar (la ocupación del territorio de Crimea) y se apoyaba en la difusión masiva de noticias falsas. Ese temor regresó en 2019 durante la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo y se ha incrementado este año con la pandemia y la viralización de mensajes difusos en redes sociales.
Durante los días más tensos de la crisis independentista en Cataluña entre octubre y noviembre de 2019 los analistas denunciaron también la injerencia de ejércitos de bots rusos para desestabilizar al Estado español.
Ya el anterior gobierno del conservador Partido Popular en España, entonces liderado por Mariano Rajoy, comenzó a trabajar en 2019 contra la desinformación. Desde el PSOE aseguran que el plan actual no tiene “absolutamente nada que ver” con esos supuestos ataques a la libertad de prensa.
La vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, ha hecho referencia para defender esta herramienta a las más recientes elecciones en Estados Unidos y a la interrupción de las emisiones por televisión del discurso de Donald Trump cuando hablaba de fraude. “Estamos viviendo en un tiempo en el que en cualquier lugar del mundo la mentira se convierte en información y las democracias tienen que luchar contra esto porque forma parte de nuestro derecho constitucional”.
“Tal y como está escrito encierra múltiples ambigüedades. Aunque podría ser una herramienta cargada de buenas intenciones, depende de cómo y para qué se utilice y eso no queda claro en el texto”, afirma Alfonso Armada, presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Cree que esa falta de concreción podría usarse “de tapadillo” para controlar las noticias que no gusten al gobierno.
En la misma línea se manifiesta la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). Su presidente Juan Caño señaló que “existe el riesgo de que se desvirtúe el protocolo y decaiga en censura si no se exponen meridianamente sus funciones y quiénes las llevarán a cabo”.
El problema es que al mando de este plan de vigilancia están órganos del propio gobierno como el de Presidencia y los distintos ministerios bajo la supervisión del secretario de Estado de Comunicación.
Apenas se menciona en la letra pequeña la participación de la sociedad civil.
