La Corte Suprema de Justicia de Argentina decidió que el juez Germán Castelli continúe en su cargo en el Tribunal Oral Federal 7 porteño hasta tanto se dicte una sentencia definitiva, en una resolución dada a conocer el jueves tras haber aceptado el per saltum pedido por el magistrado el 29 de septiembre último.
“Se hace lugar al recurso extraordinario por salto de instancia, se revoca la sentencia recurrida, y se ordena la suspensión de los efectos de la resolución 183/2020 (del Consejo de la Magistratura) hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa”, definieron cuatro de los cinco jueces del máximo tribunal.
La sentencia fue firmada electrónicamente luego de la acordada habitual de los jueves por Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, en tanto el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia.
Castelli pidió a la Corte un salto por instancia para que el máximo tribunal declarara inválida la medida del Consejo de la Magistratura que pidió la revisión de su traslado, junto a los de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
Pero, a diferencia de la decisión que tomó respecto a los casos de los jueces Bertuzzi y Bruglia, el máximo tribunal postergó su resolución sobre la situación de Castelli y el planteo deberá volver al juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal que conduce Macarena Marra Giménez, que había rechazado la medida cautelar en primera instancia para que el juez regresara al TOF7.
Así la jueza Marra Giménez será quien adopte una decisión sobre el fondo del amparo que aún no había sido resuelto.
Castelli no fue ascendido con su traslado, como sucedió en el caso de los magistrados Bertuzzi y Bruglia -pasaron de jueces a camaristas-, sino que pasó de una jurisdicción a otra (desde el juzgado federal del partido de San Martín a un tribunal oral federal nacional).
Si bien la Corte no resolvió el pedido de Castelli para que declaren válido su traslado, al anular la resolución del Consejo, el juez queda habilitado para regresar automáticamente al TOF hasta que se expida el tribunal de primera instancia.
Castelli fue quien más cerradamente se opuso a la suspensión de su traslado y alertó sobre una “maniobra política” para alejarlo de las causas por corrupción que recayeron en su juzgado y denunció que se afectaban sus garantías como juez de la Nación al violar el principio de “inamovilidad” de los magistrados.