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Referendo de Chile y dos años de mucha actividad política: moderado optimismo de Moody's y Fitch
El director de Fitch, Richard Francis expuso que “se platean incertidumbre política que podría frenar la perspectiva de inversión y recuperación económica” Ante el contundente triunfo del “Apruebo” y de “Convención Constitucional” en el Plebiscito, las agencias clasificadoras de riesgo Moody's y Fitch entregaron su visión respecto a las eventuales consecuencias y el efecto en la incertidumbre que podría generarse durante el proceso constituyente.
El director de Fitch, Richard Francis, expuso este lunes que tanto el proceso de reescritura de la nueva Constitución, como una serie de elecciones durante los próximos dos años “platean incertidumbre política que podría frenar la perspectiva de inversión y recuperación económica”.
Esto, añadió, “posiblemente se sumará a presiones para un mayor gasto social y posiblemente posponga los ajustes fiscales estructurales que serían esenciales para estabilizar la deuda con respecto al PIB”.
Sin embargo, Francis acotó que estos factores “se incorporaron en la reciente rebaja de Fitch de las calificaciones soberanas de Chile”, y añadió que “en el nivel actual, las calificaciones pueden soportar mucho ruido político, y esa es la razón por la que ahora tenemos una perspectiva estable sobre las calificaciones“.
Por su parte, Moody's, a través de un comunicado, estimó que la posibilidad que una nueva Carta Fundamental en Chile incluya cambios institucionales relevantes es baja o, en el peor de los casos, moderada.
”Nuestra opinión es que la probabilidad de cambios institucionales importantes y fundamentales es de baja a moderada debido a que existe un amplio apoyo público para preservar elementos clave del modelo económico de Chile, como los mercados libres, los derechos de propiedad y la independencia del Banco Central, dijo.
Asimismo, agregó el texto, “observamos que el resultado del proceso reflejará las opiniones de la mayoría del órgano constitucional porque se necesitarán al menos dos tercios de sus miembros para aprobar”.
De todas formas, apuntó que existe el riesgo de que la Convención Constitucional establezca prioridades de política que sean fundamentalmente diferentes de las vigentes actualmente, lo que “podría presionar para expandir significativamente los derechos sociales garantizados, una medida que aumentaría materialmente el gasto gubernamental ordenado constitucionalmente”.
“De manera similar, la Convención podría definir un papel más activo del Estado en la economía, lo que puede conducir a un aumento material de las regulaciones que tendría un efecto perjudicial sobre la inversión privada y la competitividad”, aseguró.
A la vez, Moody's señaló que, según las encuestas, los chilenos ven el proceso para redactar una nueva Constitución como un instrumento para mejorar la protección de los derechos sociales. “También parece existir la voluntad de proporcionar más vehículos de representación democrática, como referendos, para fortalecer los derechos del consumidor y quizás para limitar el plazo indefinido de las licencias en el sector minero”, concluyó.
