Argentina finalmente cerró con éxito la reestructuración de su deuda en dólares con acreedores privados. El 93,5% de los tenedores de bonos aceptaron la oferta gubernamental y el efecto de arrastre de las cláusulas de acción colectiva elevó el porcentaje al 99%.
La práctica totalidad de una deuda de casi 68.000 millones de dólares será canjeada este mes por nuevos bonos, con menores intereses (del 7% al 3,07% anual en promedio) y vencimientos más largos. El país ahorrará gracias a ello unos 37.000 millones de dólares, según el ministro de Economía, Martín Guzmán.
El presidente Alberto Fernández efectuó el anuncio con la máxima pompa. Convocó al al ministro de Economía, Martín Guzmán; al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; a los gobernadores provinciales (por conexión zoom en su mayoría), e incluso a la vicepresidenta y presidenta del Senado, la ex presidente Cristina Kirchner, auténtico poder en la sombra, que no pisaba la residencia presidencial desde el 10 de diciembre, cuando ella y Alberto Fernández asumieron sus cargos.
Guzmán fue el encargado de ofrecer las cifras. El altísimo grado de aceptación por parte de los acreedores bajo legislación extranjera disipa el fantasma de los “fondos buitre” y los ruinosos litigios ante los tribunales neoyorquinos y alivia de forma sustancial la presión sobre las cuentas públicas. El ministro de Economía anticipó que el presupuesto para 2021, que el próximo 15 de septiembre será enviado al Congreso, reducirá el déficit fiscal bruto del 10% al 4%. Ello se debe a la expiración (si la pandemia lo permite) de los subsidios extraordinarios abonados a 10 millones de personas y a la reducción del pago de intereses de deuda. En el presupuesto de 2019, un 20% del gasto se dedicaba a sufragar intereses.
Acerca del 1% que quedó fuera del acuerdo, Martín Guzmán señaló que se trataba de “una cuestión técnica”. “Por la forma del proceso, del registro en Nueva York, un punto pequeño de acreedores no pudo votar, pero avanzaremos para resolverlo; no lo consideramos un problema”, dijo. Los excluidos poseen bonos emitidos en 2005 y ya reestructurados en 2010.
“En diciembre sentimos que estábamos caídos; hoy estamos otra vez de pie y en marcha”, afirmó el presidente Fernández quien señaló que la obra pública, en vivienda e infraestructuras, sería el motor de arranque de una economía orientada “a la producción y al trabajo”, con el objetivo de incrementar las exportaciones para acumular reservas de divisas y poder hacer frente al reembolso de la deuda.
Fernández expresó su deseo de que Argentina no volviera a adentrarse nunca “en el laberinto de la deuda” y que las profundas desigualdades que caracterizan al país fueran mitigándose, repartiendo mejor una industria concentrada hoy en las provincias centrales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe y mejorando las comunicaciones internas.
El Gobierno argentino enfrenta ahora otra negociación difícil, la que atañe al Fondo Monetario Internacional. La institución de Washington ofreció a Argentina, en 2018, unos US$ 67,000 millones. A partir de enero de ese año, los mercados internacionales cerraron el crédito y el entonces presidente, Mauricio Macri se vio obligado a pedir auxilio. La posterior crisis fue tan profunda que de inmediato se hizo evidente la incapacidad del país para devolver al FMI el dinero en los plazos previstos (los vencimientos se concentraban entre 2021 y 2023).
En anteriores ocasiones, Argentina y el FMI sostuvieron negociaciones muy ásperas. Esta vez las cosas parecen, de momento, mejor encauzadas. La directora del FMI, Kristalina Georgieva, fue una de las personas a las que el presidente Fernández agradeció su cooperación durante los siete meses en que se negoció con los acreedores privados. En cualquier caso, por su propio reglamento, el Fondo no admite quitas de deuda o intereses y se limita a ofrecer vencimientos a más largo plazo. El ministro Guzmán estima que esta nueva negociación concluirá, si todo va bien, en marzo de 2021.