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Como reformar a Chile, según The Economist

El presidente Sebastián Piñera que lidera el país en momentos de la discusión de una nueva posible constitución

Durante gran parte de los últimos 30 años Chile ha destacado por sobre el resto de Latinoamérica como un país que parecía estar haciendo las cosas bien. Combinaba una economía de mercado abierto con el estado de derecho, instituciones estables y una creciente provisión social.

Las tasas de pobreza cayeron abruptamente y la mayoría de los chilenos pasó a formar parte de la clase media, según las mediciones oficiales. Las grandes, sostenidas, y a veces violentas protestas que han agitado al país desde octubre pasado han, en consecuencia, sido un shock. Han cuestionado el éxito del “modelo chileno” y su futuro.

Lo que pase ahora en Chile importa más allá de sus fronteras. Las protestas, que se han reanudado este mes, son solo una manifestación del descontento general en América Latina. Varios otros países también han visto protestas, aunque estas han sido más enfocadas. La elección de populistas contrastantes en Brasil y México en 2018 fue otra señal de la ira. También lo fueron las victorias de la oposición en las recientes elecciones presidenciales a través de la región.

No es difícil adivinar las causas del descontento. Latinoamérica ha tenido poco o nulo crecimiento económico desde 2013. Sus nuevas clases medias temen tener menos oportunidades. La corrupción ha desacreditado a la clase política. Y existe la sensación generalizada que la democracia no ha brindado el mismo trato y el mismo acceso a los servicios básicos para todos los ciudadanos.

Varios de estos factores se aplican en Chile. La derecha identifica el problema como un crecimiento lento combinado con una clase media más exigente. Para la izquierda, las protestas son una rebelión en contra de la inequidad y el “modelo neoliberal” impuesto por la dictadura del General Augusto Pinochet.

A primera vista, la queja de la izquierda es exagerada. Desde 1990 los gobiernos democráticos han hecho muchas reformas. Sin embargo, las principales quejas realmente se refieren a los legados de la dictadura: un sistema de pensiones privado que no ofrece seguridad en la vejez, un sistema de salud segregado y una sensación de impunidad para los ricos. Adicionalmente, la violencia y el vandalismo han provocado el cuestionamiento de la habilidad del estado para mantener el orden público. La policía, alguna vez respetada y dejada a su propio actuar, ha demostrado en los años recientes ser corrupta, brutal e incompetente. Necesita ser reformada a fondo.

En un esfuerzo de aplacar la ira popular, Sebastián Piñera, el presidente en el conflicto, llegó a un acuerdo para llevar a cabo un plebiscito el 26 de abril sobre si se debe organizar una asamblea para redactar una nueva constitución.

Piñera, un multimillonario y ex empresario, ha virado entre sonar duro y reconocer que Chile necesita grandes cambios. Como si estuviera regateando un acuerdo comercial, ofreció concesiones al margen en pensiones, subsidios de salud, etc.

Se necesita un enfoque más audaz. Muchos chilenos quieren la promesa de un sistema de pensiones con una red de seguridad más fuerte y un sistema universal de salud pública. Eso significa permitir los seguros privados, pero abolir los organismos de salud conocidos como Isapres, una invención de Pinochet, que drenan las contribuciones a un sistema privado de alto precio. Además significa un compromiso para subir los impuestos, que representan solo un 20% del PIB. Mejores servicios públicos requieren un pago por ellos.

¿Es esencial una nueva constitución para lograr estos cambios? Ha sido un mecanismo de la extrema izquierda en varios países latinoamericanos para tomar el control e imponer un modelo socialista (fallido). Pero en este sentido Chile es diferente. Por muy enmendada que esté, su constitución está marcada como ilegítima por su origen bajo Pinochet.

Las encuestas han demostrado durante mucho tiempo que dos tercios de los votantes están a favor de una nueva carta. La constitución existente es muy difícil de reformar. Cuestiones de desacuerdo rutinario, como la atención médica y la educación, requieren de una gran mayoría para experimentar cambios.

Eso no es negar los riesgos. El 26 de abril los chilenos votarán no solo si se debe establecer la convención constitucional, sino también si se debe elegir totalmente o estar compuesta en parte por legisladores existentes. El nuevo cuerpo puede sufrir de inexperiencia. Muchas constituciones recientes de América Latina han sido prolíficas y utópicas, repletas de “derechos” y promesas de gastos. Pero Chile tiene salvaguardas. A menos que el nuevo documento sea aprobado por un voto de dos tercios de la asamblea y luego en un referéndum, la constitución existente permanecerá.

Sobre todo, la convención ofrece a Chile una salida de su laberinto. La nueva constitución debe encarnar un nuevo constructo social. Debería eliminar los obstáculos para reformar la policía, brindar atención médica universal y regular las universidades privadas. Una población más saludable y mejor educada sería más productiva. Una red de seguridad más fuerte alentaría a los trabajadores a ser más flexibles. Una nueva legalidad básica daría a Chile un nuevo comienzo –y a América Latina un nuevo modelo del que aprender.